La denuncia, presentada ante la Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria, se ha realizado concretamente “por presunto incumplimiento de la normativa reguladora sobre funcionamiento y autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto estatal como autonómica”.
Explican desde el Ayuntamiento de Moralzarzal que han venido “realizando un registro y comprobación del estado del centro de urgencias extrahospitalarias del municipio de Moralzarzal desde el día 27 de octubre en el que se ha constatado “que se ha estado abriendo sin el personal necesario para garantizar la seguridad de los pacientes y la adecuada prestación de servicio, incumpliendo los criterios de autorización de funcionamiento de estos centros”.
Así, relatan, ya el primer día de funcionamiento “el centro abrió con una enfermera y un celador, pero sin médico”. Al día siguiente, contó con el equipo completo, “pero desde entonces ha permanecido ocho días cerrado, dos abiertos, y el resto de días sin el personal completo. Anoche mismo, las urgencias permanecieron cerradas”, señalan desde el Consistorio en un comunicado.
La denunciada realizada por el alcalde de Moralzarzal insta la comprobación de la composición de las plantillas de efectivos aprobadas, “así como las dotaciones de medios técnicos mínimos para el normal funcionamiento de los Centros, en dichos expedientes administrativos, incluyendo las relaciones nominales del personal adscrito a los mismos e inventarios de medios”.
Asimismo, señala que existe “un evidente riesgo de daño sobre la asistencia sanitaria urgente a los pacientes, desvirtuando el objetivo mismo de los Centros Sanitarios hasta el punto de que en lugar de resolver problemas de salud los ponen en peligro”, indican.
La denuncia finaliza solicitando la apertura del correspondiente expediente informativo por parte de la Inspección Sanitaria, y que se exijan las responsabilidades establecidas legalmente a las gerencias responsables de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios-Puntos de Atención Continuada (PAC), Servicios de Atención Rural (SAR) y del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores “y, si detectaran deficiencias graves, se suspendiera cautelarmente su actividad”.
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