Una vez aprobado ese pliego de condiciones administrativas, son ahora los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada -propietarios del monte sobre el que se localizan las instalaciones y edificaciones de la estación de esquí- los que tienen que aprobar el pliego de condiciones jurídico-económicas que regirán la concesión.
Estos trámites, necesarios y previos al concurso al que deben someterse las concesiones en montes de utilidad pública, antes de adjudicarse, suponen para Ecologistas en Acción un intento “de las administraciones autonómica y local para perpetuar una estación de esquí sin nieve” que, consideran, “tropieza con la legalidad”.
Desde la organización han recordado que la ocupación de la pista de esquí Guarramillas, en Madrid, caducó en febrero de 2019 pero la actividad ha continuado, a pesar de no contar con título habilitante. “Tanto la Consejería de Medio Ambiente como los Ayuntamientos titulares del monte, han permitido a la mercantil ‘Puerto de Navacerrada. Estación de Esquí S.A.’, desarrollar su actividad, sin devolver los terrenos públicos ocupados y sin pagar canon alguno desde 2019”, afirman en un comunicado.
“Si la administración no tiene la posesión de los terrenos y las instalaciones de la estación de esquí, no puede someterlos a pública concurrencia, porque no puede asegurar la disponibilidad de los mismos. De esta situación, se desprende que lo que realmente se está haciendo es una renovación de la ocupación al mismo titular -expresamente prohibido por la Ley de Montes- para legalizar su situación”, aseguran.
Además de criticar las formas, también lo hacen con el fondo de la nueva concesión que se está planteando, que “multiplica por seis la superficie de ocupación pero reduce el precio del metro cuadrado de monte. Si en 2004, la superficie de monte ocupada fue de 8.839,25 metros cuadrados y el canon se estableció en 11.844,59 euros al año, correspondiente a la ocupación caducada, el nuevo pliego de condiciones eleva la superficie a 54.195 metros cuadrados y el canon a pagar a 32.017,45”.
Esto implica, aseguran, que el metro cuadrado de monte ha pasado de estar valorado en 1,34 euros el metro cuadrado a 59 céntimos el metro cuadrado en 20 años. “Esta reducción del canon no tiene justificación, perjudica al interés general, ya que el dinero lo reciben los ayuntamientos y el monte, y solo beneficia a la empresa que explota la estación de esquí”, han denunciado.
Por otro lado, advierten que la actual normativa medioambiental haría inviable la autorización de las instalaciones de esquí alpino en el Puerto de Navacerrada. “Los remontes, las pistas de esquí, las edificaciones, nunca se han sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Ahora sería obligatoria, más aún cuando se produce un ostensible incremento de superficie”, señalan, al tiempo que recuerdan que la parte superior del remonte Guarramillas se sitúa en zona de máxima protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y espacio protegido Red Natura 2000.
A juicio de Ecologistas en Acción todo esto hace que la aprobación del pliego de condiciones de la nueva ocupación sea “un acto administrativo nulo”, tal y como han destacado en el recurso de alzada que la organización ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Piden la retirada y el desmantelamiento de la estación de esquí en el lado madrileño.
Ecologistas en Acción ha animado al Gobierno regional “a abandonar la crispación” en esta cuestión y a aprovechar el apoyo que brinda el Ministerio para la Transición Ecológica, “para desmantelar la estación de esquí y convertir el Puerto de Navacerrada en un nuevo referente mundial en restauración de la naturaleza, como ya lo es el Puerto de los Cotos, donde en 1998, se decidió desmantelar la estación de esquí Valcotos y restaurar Peñalara”.
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