La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Collado Villalba ha llamado a declarar a Vargas y a la edil de Unidas, Eva Morata, en el proceso abierto tras la denuncia contra la regidora, a la que se acusa de obstaculizar el acceso a la información relativa al expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de esa Oficina, lo que podría constituir un presunto delito contra los derechos cívicos, tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que prevé incluso penas de inhabilitación para ejercer un cargo público.
La querella se interpuso el pasado 7 de febrero de 2022. Ahora, tras solicitar el fiscal la admisión de la causa, el Juzgado ha abierto diligencias previas al “presumir la posible existencia de una infracción penal", citando a la alcaldesa Mariola Vargas Fernández “para declarar como investigada”, han anunciado desde Unidas por Collado Villalba en un comunicado.
Desde el grupo municipal de Unidas por Collado Villalba aseguran que se interpuso la querella “por la denegación sistemática de la documentación solicitada, tras identificar posibles irregularidades en el procedimiento de contratación” de la Asesoría que se hizo cargo de esta Oficina. “Eva Morata solicitó hasta en cuatro ocasiones por Registro el expediente de contratación sin que hasta la fecha de interposición de la querella fuera remitida ninguna documentación”, aseguran desde Unidas.
“La reiterada falta de respuesta a estas peticiones no hizo más que confirmar las sospechas de nuestro Grupo sobre la posible existencia de varias irregularidades en este procedimiento de contratación, en cuya detección fueron determinantes las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba”, han señalado. “Al día siguiente de presentar la denuncia nuestro Grupo recibió parte de la documentación, en la que pudimos constatar indicios respecto a las irregularidades sospechadas y trasladadas al juez en nuestro escrito de querella, en concreto la infracción del Principio de Proposición Única recogido en la Ley de Contratación del Sector Público”.
Por su parte, fuentes municipales han asegurado a MasVive que la información relativa al contrato se trasladó a los grupos políticos el 7 de febrero de 2022, el mismo día en que se presentó la querella de Unidas por Collado Villalba. Han aportado como prueba un documento del Gestor Documental del Consistorio, que refleja la entrega de ese informe ese día a las doce y media de la mañana y de nuevo a las dos y media de la tarde.
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