Unidas por Collado Villalba denunciaron que se les había denegado de forma sistemática información acerca del expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal, que había sido solicitada por Registro, verbalmente, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación y en el Pleno.
“Teníamos bastantes dudas, y vimos que podría haber ciertas irregularidades en el proceso de contratación y queríamos fiscalizar ese contrato con la documentación correspondiente, como es nuestro derecho y deber como concejales de la oposición”, explica Eva Morata, de Unidas por Collado Villalba, quien también ha declarado este martes.
Justo después de haber hecho pública esta querella, se nos entregó la documentación pero no completa, el informe de actividad de la adjudicataria, en el que da cuenta de las acciones que ha llevado a cabo, que aunque hemos pedido seguimos sin tenerlo”, ha señalado Morata. La denuncia es por un presunto delito contra los derechos cívicos, tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que prevé incluso la condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Por su parte Mariola Vargas se ha ratificado, en su declaración ante el Juzgado, en que la documentación por la que se le ha denunciado se entregó a los grupos en febrero de 2022. “Da igual por lo que nos denuncien, era la excusa para que, como hemos visto a la entrada y a la salida del Juzgado un grupo de ocupas manifestasen su postura a favor de la ‘okupación’”, ha asegurado la regidora.
La alcaldesa ha vuelto a mostrar su postura contra la ocupación de viviendas. “Defendemos la propiedad privada, la personas que tienen necesidad de vivienda tienen otras herramientas que ofrece la Administración local, autonómica y nacional para hacerse con una vivienda digna”, ha indicado Vargas.
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