En su denuncia, Unidas por Collado Villalba apuntaba a posibles irregularidades en la contratación de este servicio, que estuvo ubicado en los Bloques de El Pontón en 2021 y 2022. Alegaban los denunciantes, entre otras cosas, que se les había facilitado sólo parte de la documentación sobre la gestión de la Oficina, y denunciaban un posible delito contra los derechos cívicos, tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que prevé incluso la condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Según consta en el auto del Juzgado, de fecha 22 de noviembre de 2023, “se concluye que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones”. El Ministerio Fiscal había emitido un informe previo solicitando el archivo de la causa.
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha señalado que “este auto nos viene a dar la razón de la correcta gestión de este servicio municipal” que ofrecía una prestación de asesoramiento gratuito a los vecinos, en el que caso de que su propiedad hubiese sido usurpada, y que estaba en permanente contacto con los Servicios Sociales Municipales y Policía Local.
“La sentencia demuestra una vez más que la izquierda está más posicionada a favor de la ocupación que de los propietarios de las viviendas. El equipo de gobierno del Partido Popular seguirá poniendo todos sus recursos para eliminar la ocupación de la localidad y defender el legítimo derecho a la propiedad privada de todos nuestros vecinos”, ha apuntado Mariola Vargas.
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