En ese informe, remitido por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, se indica al Ayuntamiento de Torrelodones que el denominado Edificio B del complejo de seguridad tiene carácter de bien demanial y no de bien patrimonial y que, por tanto, no se podría ceder como tal a la Guardia Civil. Desde el PSOE su portavoz, Rodrigo Bernal, ha asegurado que esto podría retrasar la operación. “Queda clara la falta de transparencia y la mala gestión de Vecinos. Al tratarse de un bien demanial, es muy probable que haya que iniciar un proceso de desafectación que lo va a alargar en el tiempo”, ha indicado.
Además, desde el PP, han acusado al Ejecutivo de ocultar información a los grupos de la oposición, como un informe de la Guardia Civil que recoge que la cesión del edificio no fue solicitada por esta entidad, sino ofrecida por el Gobierno municipal. Ese documento, fechado el 3 de noviembre “ha aparecido repentinamente en el expediente municipal” de la cesión, asegura la portavoz popular, Isabel Ruiz-Tarazona y no estaba cuando el asunto se llevó al Pleno.
“En dicho informe no consta en ningún momento que la Guardia Civil haya pedido un cambio de ubicación de su Puesto, sino que la propia Guardia Civil recalca que existe un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Torrelodones para ceder las instalaciones donde actualmente se ubica el Juzgado de Paz del municipio, por lo que el benemérito instituto gustosamente, como no podía ser menos, acepta el regalo”, ha indicado la portavoz popular, quien ha pedido al regidor que “deje de ocultar información a los grupos de oposición y a los vecinos, muestre toda la información de la que dispone y, si considera que este asunto es tan beneficioso para los torrelodonenses, incorpore dicho traslado a su próximo programa electoral. Que sean los vecinos los que decidan”.
El Ejecutivo asegura que el procedimiento ha sido transparente
Desde el Ejecutivo de Torrelodones, por su parte, aseguran que han sido transparentes en todo el proceso que se ha desarrollado hasta llegar a la aprobación, en el Pleno del pasado diciembre, de la cesión de las instalaciones de la calle Cudillero a la Guardia Civil para crear el Centro Integral de Seguridad y Emergencias de Torrelodones.
La portavoz del Ejecutivo, Ana Núñez, ha asegurado que se ha seguido “el procedimiento más garantista posible” para la cesión del edificio que ahora ocupa el Juzgado de Paz. “En la normativa sectorial de Régimen Local no hay un procedimiento específico para cambiar el uso de un bien de dominio público local para que lo utilice el Estado. Hemos aplicado, por indicación de los servicios jurídicos, el procedimiento regulado en el Artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”. Núñez ha indicado que se ha sometido a información pública el expediente y se ha dado conocimiento a la Comunidad de Madrid, “garantías que habiendo utilizado otras modalidades para la cesión hubiesen sido prescindibles. Ahora bien, el beneplácito de la Comunidad de Madrid no es preceptivo, la normativa exige una mera comunicación”.
En cuanto al traslado del cuartel, el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, ha asegurado que sigue adelante y responde a una realidad constatada con la propia Comandancia: en el actual cuartel la Benemérita ya no puede crecer. La actuación, asegura, cuenta con el visto bueno de los organismos implicados, con quienes se trabaja desde primavera de 2022. “Lo han dictaminado Guardia Civil y Delegación de Gobierno, quiénes somos el resto para poner en duda las decisiones más idóneas que puedan tomar los expertos en materia de Seguridad”, ha indicado.
El regidor ha recalcado que el traslado “supondrá un incremento potencial de la presencia de la Guardia Civil en Torrelodones, lo que traerá consigo un mayor número de efectivos y mejorará la prestación del servicio a todos nuestros vecinos, mejorando los tiempos de respuesta de las patrullas”.
Si (
No(
