Ecologistas en Acción, así como otros colectivos como ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, han asegurado en un comunicado que lo se pide en esas PNL que se le aplique a este espacio natural son figuras de protección que no existen o que se adopten decisiones que no son conformes con la ley. Las califican de “disparatadas” y lamentan “el escaso conocimiento, en materia ambiental, que se desprende de estas iniciativas”.
Las tres iniciativas piden, a grandes rasgos, la protección del Embalse y Presa de Peñascales de Torrelodones frente a la posibilidad de que la instalación se ponga fuera de uso y sea demolida tras caducar la concesión de explotación de las aguas del Arroyo de Trofas otorgada en su día por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Todas están encaminadas a convertir este espacio en una Zona de Especial Protección Ambiental y forman parte del movimiento político, institucional y social que se ha generado en la localidad desde que se conoció en verano la posibilidad de que este entorno desaparezca.
Sin embargo, desde Ecologistas en Acción insisten en que la presa “carece de uso y no tiene valor natural relevante, a pesar del empeño en demostrar lo contrario”. Aseguran que la figura de ‘Zona Especial de Protección Medioambiental’ que piden PSOE y Vox para este espacio “no existe en el ordenamiento jurídico autonómico” y recuerdan que ambos espacios ya están incluidos en la red Natura 2000 desde 2014.
“El grupo Popular, por su parte, pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno de España y exija al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que presionen a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que, saltándose los procedimientos administrativos reglados, se desdiga de un expediente ya concluido y para que autorice la nueva concesión de aprovechamiento solicitada por el Ayuntamiento de Torrelodones”, señalan. Aseguran que la -Asamblea de Madrid no puede aprobar un texto que pide al Ejecutivo regional “saltarse los procedimientos administrativos para reabrir un expediente concluido de extinción o para autorizar directamente una nueva concesión. Eso supondría incurrir en prevaricación administrativa, penada por el Código Penal”.
Además, han calificado de “lamentable” que varios de estos grupos parlamentarios “voten a favor de leyes que están desprotegiendo el patrimonio natural madrileño” pero defiendan “un embalse en desuso, atribuyéndole valores naturales que no tiene”.
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