Según han explicado desde CCOO en un comunicado, el pasado lunes 16 de enero se remitió un requerimiento por parte del Ayuntamiento al Comité de Huelga en el que “amenazó con despedir a las trabajadoras de la empresa Grupo DLR, en huelga indefinida desde el pasado día 11 de enero”, al tiempo que “afirma que están dispuestos a contratar personal externo para sustituir a las trabajadoras en huelga”.
El motivo es el incumplimiento de los servicios mínimos acordados y decretados, que son del 10 por ciento del personal diario de cada servicio. Desde CCOO aseguran que la culpable del incumplimiento de estas estipulaciones es DLR Facility Services, que “no ha entregado a ninguna trabajadora ninguna carta de servicios mínimos, por lo que nadie con servicios mínimos asignados los está incumpliendo”, aseguran. “Si no lo ha realizado es ella la que estaría incumpliendo la Ley y todas las actuaciones legales y punitivas que tendría que tomar el Ayuntamiento deberían ser contra la misma y no contra las trabajadoras” que, recuerdan, “llevan cinco meses sin cobrar salarios”.
“Además, no se entiende que por parte del Ayuntamiento se haga referencia al posible despido de trabajadoras, cuando no son trabajadoras municipales ni tiene potestad para sancionar o despedir a esta plantilla, sobre todo cuando ha reiterado en varias ocasiones que la plantilla de limpieza no tiene ninguna vinculación laboral con el Consistorio y por eso no puede tomar medidas directas sobre ellas”, han indicado.
También han rechazado la posibilidad de que se contraten trabajadores para sustituir al personal en huelga. “Estaría vulnerando el derecho constitucional a la huelga”, recuerdan, y si sucediera, CCOO respondería con todas las armas jurídicas y sindicales”.
Cumplimiento de los servicios mínimos
Desde el Ayuntamiento de Torrelodones, por su parte, han negado que el alcalde de la localidad haya amenazado a los trabajadores del servicio de limpieza. Han asegurado que se han limitado a remitir un requerimiento al Comité de Huelga “por incumplimiento de los servicios mínimos que el propio Comité de Huelga acordó y que, a fecha de hoy, no se están realizando”.
En el requerimiento se recuerda al Comité que los servicios mínimos, para los que la designación de los trabajadores encargados se debe realizar por parte de la dirección de la empresa afectada, “se están incumpliendo en la mayor parte de las dependencias”. En este sentido “se ha informado que el incumplimiento de estos servicios mínimos puede acarrear para el trabajador causa justa de despido (STC 123/1990, de 2 de julio) y la Administración podría, viendo peligrar la realización de los servicios mínimos establecidos, recurrir a la contratación de trabajadores ajenos (art. 6.5. del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo)”.
Asimismo, desde el Ayuntamiento han recordado al Comité de Huelga que el Ayuntamiento “no puede dejar de cumplir con sus obligaciones, como no puede dejar de demandar que se cumpla lo acordado, así como requerir para que, en el plazo improrrogable de 24 horas, se identifique a los trabajadores designados para la cobertura de los servicios mínimos, según lo acordado por el Comité de Huelga”.
También recuerdan que si no se cumplen con los servicios mínimos “se ejercerán las acciones que procedan para exigir las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento y garantizar la salubridad y seguridad de las dependencias municipales afectadas”.
Desde el Ayuntamiento de Torrelodones ya se trabaja para sustituir a DLR Facility Services por otra empresa. Alfredo García-Plata ha explicado que, de forma paralela al procedimiento de disolución del contrato, se inició el expediente para contratar de nuevo el servicio, correspondiente a los Lotes 2 y 3 del contrato de limpieza de instalaciones públicas.
Al concurso se han presentado dos empresas “que ya han trabajado con el Ayuntamiento” y que cumplen con los requisitos exigidos por el Consistorio. Tras la apertura de las ofertas, “ahora solo queda adjudicar el contrato y la nueva empresa subrogará a los trabajadores”. Mientras tanto, se está a la espera de un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para la resolución definitiva del anterior contrato.
A este respecto, el regidor ha asegurado que será la nueva empresa la que se tenga que hacer cargo “tanto de los trabajadores como de los salarios que se deban” y que el Consistorio ha hecho lo que tenía que hacer, resolver el contrato “para que a la mayor brevedad posible haya una empresa que subrogue a estos trabajadores y que puedan cobrar sus nóminas”.
Alternativas para solucionar la situación
Ante esta situación, desde el PSOE de Torrelodones han emitido un comunicado asegurando que “el Ayuntamiento ha seguido un camino erróneo a la hora de afrontar este grave problema”, por ejemplo en lo que se refiere a la imposición de penalidades a la empresa por incumplimiento de contrato, por lo que han planteado al Ejecutivo “alternativas para tratar de solucionarlo lo antes posible”.
Para ello, aseguran, han contactado con otras administraciones que tenían contratos firmados con DLR y cuyas plantillas han sufrido la misma situación que la de Torrelodones, como la Biblioteca Nacional o el Ayuntamiento de Madrid.
“En el caso de Madrid, tan pronto se tuvo certeza de que no pagaban los sueldos se procedió a retener la totalidad de las facturas presentadas por la empresa para tratar de garantizar de alguna forma que el personal afectado pueda cobrar sus salarios”, detalla Rodrigo Bernal, portavoz socialista. “En la capital ya han firmado un contrato de emergencia por razones sanitarias con TRAGSA, que se ha hecho cargo del servicio y ha incorporado provisionalmente a la plantilla afectada por el impago de salarios”.
En este sentido, desde el PSOE se ha hecho llegar al equipo de gobierno una serie de documentación de otras administraciones locales en las que se plantean diversas opciones para dar una salida rápida a este conflicto. “Una posible vía para, al menos, garantizar que en algún momento, la plantilla de la limpieza cobre sus salarios, aunque sea parcialmente, es la retención de un importe equivalente al valor del 6 por ciento del coste total del contrato por no cumplir sus obligaciones con los trabajadores, la más importante de ellas, pagar el salario. Con esta sanción podría bloquear la parte de crédito privilegiado que corresponde a los salarios impagados a los trabajadores y, posteriormente, subrogarse judicialmente al previsible concurso de acreedores en el que va a entrar la empresa más pronto que tarde”, detalla Rodrigo Bernal.
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