Este expediente supone un episodio más de los desencuentros entre el Consistorio y la Concesionaria Collado Villalba, encargada de la explotación de esta polémica obra, por la que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 1,8 millones de euros hasta 2046.
Según ha explicado durante el Pleno el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, dos auditorías externas encargadas en noviembre de 2020 y en abril de 2021, a raíz de sus dudas sobre la última factura del canon, la de 2019, han dejado al descubierto indicios de incumplimiento de los términos de la concesión en el periodo 2015-2019.
Las irregularidades detectadas
La lista de presuntas irregularidades es bastante larga incluyendo el incumplimiento del plan de inversión y mantenimiento previsto, muy inferior a lo estipulado en el Plan Económico Financiero. En el caso de las inversiones, sólo se ha invertido en esos cinco años un 1,94 por ciento de lo exigido, con una diferencia de 742.030 euros. En cuanto a las tareas de mantenimiento y conservación, hay una diferencia entre lo invertido y lo que de estipula el Plan de 423.653 Euros, es decir hay un incumplimiento del 65 por ciento de lo previsto.
Por otro lado, ha manifestado el edil, los ingresos previstos de la explotación de los aparcamientos con un 70 por ciento menos de lo estipulado en el contrato. En este sentido hay que señalar que la ocupación de los aparcamientos durante estos años solo ha sido del 14 por ciento. En este sentido, señalan, “se ha mantenido fuera de explotación durante años toda una planta del aparcamiento de Honorio Lozano”.
Otro de los incumplimientos detectados, ha explicado Arroyo durante el Pleno, se refiere a lo que se cobra por el canon anual. “Se aprecia una liquidación incorrecta, porque se ha aplicado un importe fijo y lineal del IPC del 2,5 por ciento, desde el momento de su definición en 2006, que se mantiene de forma invariable a lo largo de todos los años. Solo en el periodo 2015-2019 arrojaría un saldo a favor del Ayuntamiento de en torno 730.648 euros”, ha indicado.
La Auditoría de 23 de abril pone asimismo de manifiesto que se aprecia una desviación del canon que correspondería abonar como consecuencia de la diferencia entre lo previsto en el Plan Económico y Financiero y la realidad económica manifestada en las cuentas anuales de la Concesionaria que suponen un exceso de 3.792.943 euros. Esto, “evidencia un desequilibrio económico de la concesión en perjuicio del Ayuntamiento a consecuencia de los incumplimientos de la concesionaria”.
Asimismo han detectado que el Capital Social de la concesión no presenta el mínimo en función de la inversión según el Pliego de Condiciones Administrativas particulares; se ha presentado documentación inexacta del soporte de las inversiones realizadas a solicitud de información por el Ayuntamiento; se ha subcontratado todo el personal a la sociedad dominante (Grupo Ortiz) sin seguir lo indicado en el artículo 115 del TRLCAP, al no comunicarlo previamente a la Administración; se ha subcontratado asimismo la gestión del cobro del canon a una entidad financiera sin comunicación al Ayuntamiento; y la contabilidad de la Concesionaria no muestra el Fondo de Reversión como se exige.
Todo ello justifica, ha indicado, la apertura de este expediente de imposición de penalidades, cuya tramitación durará unos tres meses y en el que se dará audiencia a la Concesionaria para que responda a estas cuestiones, “que pueden conllevar la caducidad de la concesión, es decir la resolución del contrato, el secuestro y/o la imposición de multas, además de poder imponer multas coercitivas para lograr el cumplimiento de obligaciones”, ha resumido.
Dudas con el pago del canon desde 2011
Durante el Pleno la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha recordado que desde 2011 y hasta 2017 el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha opuesto al pago del canon del túnel al haber detectado presuntas irregularidades, interponiendo diversos recursos. Los tribunales ya dieron la razón al Ayuntamiento en 2014 respecto al IVA adicional, que quería cobrar la empresa, lo que supone un ahorro a lo largo de la concesión de alrededor de 13 millones de euros. Ya en 2017 se realizó una auditoría, que ha sido el precedente de las acciones posteriores.
“Este contrato huele desde el primer momento, huele a que cada vez que se pagaba el canon, ‘alguien’ estaba cobrando”, ha asegurado en el Pleno la alcaldesa, Mariola Vargas. La regidora ha asegurado que la obra, realizada gobernando el PSOE, “se hizo sabiendo que no se iba a ocupar a más del 14 por ciento” y la ha calificado “capricho” del entonces alcalde socialista, José Pablo González. La apertura del expediente, ha señalado, “es fruto del trabajo intenso realizado durante los últimos años, en contra del pago de un canon que se considera improcedente por las numerosas anomalías detectadas, y de una obra innecesaria para Collado Villalba que están sufriendo todos los vecinos”.
Desde la oposición piden más
Durante el Pleno, los grupos de la oposición han puesto en valor y han agradecido el trabajo del concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, de Ciudadanos, que lleva dos años en el cargo y ha sido el encargado de armar este expediente. “Levantó la alfombra y seguramente se ha encontrado más de lo que se esperaba”, ha dicho la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata.
“Ha tenido que entrar Ciudadanos al equipo de Gobierno para que alguien vigilara lo que estábamos pagando. No ha habido en todos estos años de gobierno del Partido Popular un responsable municipal asignado a la vigilancia y control de esta concesión ”, ha señalado por su parte Vituco Alcolea, portavoz del PSOE, a quien la situación el parece “curiosa”, ha indicado, “teniendo en cuenta que el PP ha estado durante estos diez años de Gobierno escudándose detrás de la obra de Honorio Lozano para decir que no podían hacer nada. Pero parece que pagaban facturas sin revisar exhaustivamente lo que tenían que pagar”.
“Los incumplimientos son gravísimos y es necesario clarificar lo que está pasando y recuperar lo que se está pagando de más”, ha señalado, por su parte, el portavoz de Más Madrid, Gonzalo Díaz. Este edil, como el resto de concejales de la oposición, ha pedido un análisis más exhaustivo de todos los incumplimientos de la concesión desde 2006.
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