Aseguran desde el Gobierno local que el Ayuntamiento de Galapagar “ha estado al borde del colapso y la paralización más absoluta”, ya que “no había crédito suficiente ni siquiera para afrontar el pago de la luz, provocado por unos presupuestos prorrogados y con cuatro millones de euros inmovilizados”, ya que en los presupuestos de 2022, prorrogados para este año, esa cantidad estaba reservada al pago de deuda. Este año, sin deuda, no se podía dar otro destino a esa cantidad.
Carla Greciano ha explicado en rueda de prensa que el anterior Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, sin presupuestos nuevos para este año, “había desatendido las inversiones necesarias para el normal funcionamiento de Galapagar”, optando en su lugar por saldar la deuda viva del Ayuntamiento. “Es como si una familia destina todos sus ahorros a cancelar la hipoteca de su vivienda. Efectivamente, se libera de la deuda con el banco, pero se queda sin capacidad económica alguna para cuestiones básicas del día a día como comer o pagar la luz o el agua”.
Un presupuesto de 30,9 millones de euros
Para paliar la situación, el nuevo Ejecutivo, formado por PP y Vox, presentará al Pleno de este viernes un nuevo presupuesto municipal para 2023 por importe de 30.934.767,85 euros que destinará 1,8 millones de euros al pago de facturas acumuladas, lo que incluye 1,3 millones de euros para pagar facturas de luz y gas y 590.000 euros destinados al pago de la tasa de la ley de residuos y suelos contaminados.
Por otro lado, se incluyen 1,27 millones de euros para inversiones y gastos corrientes, que incluyen actuaciones como la remodelación del Teatro Jacinto Benavente, la finalización de obras de la piscina de invierno y la ampliación del contrato de limpieza para intensificar el servicio de recogida.
Sueldos de la Corporación municipal
También se da cobertura presupuestaria a los salarios de la nueva Corporación Municipal, que para esta legislatura se ha aplicado una subida del 12,2 por ciento “lejos del 28,6 por ciento de subida correspondiente a la actualización del IPC desde el año 2008”, aseguran. Además, se aprobará un incremento de la asignación económica por asistencia a plenos de los concejales del 40 por ciento, y se duplica el sueldo para el portavoz de los grupos de la oposición “pero al mismo tiempo se realizará un reparto más eficiente y ecuánime, asignándolo solo a los grupos con más de tres concejales”, aseguran.
El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Domínguez, ha asegurado durante la rueda de prensa que se trata “de dignificar y profesionalizar el trabajo de los concejales, que tienen mucha responsabilidad y trabajo por delante, y sin una remuneración acorde, las personas con talento, experiencia y capacidad prefieren quedarse en la empresa privada”.
Reclamaciones patrimoniales
Por otro lado, los responsables del Ejecutivo galapagueño han asegurado que están estudiando “abrir las correspondientes reclamaciones patrimoniales por vía judicial” por lo que califican como “numerosas irregularidades” que se han encontrado tras acceder al Gobierno local, como “los cientos de carteles guardados en un almacén sobre un Servicio de Estacionamiento Regulado del que todavía no hay Ordenanza aprobada”. También han denunciado los 200.000 euros destinados a la compra de farolas inteligentes en el Toril, “que han sido desestimados ante la duda de posibles irregularidades en la elaboración de los pliegos técnicos”, o “las 60.000 mascarillas caducadas” que se han encontrado en un almacén.
“Ayer precisamente llegaba el último de estos despropósitos con la pérdida de una subvención de 601.000 euros que la anterior corporación anunció en plena campaña electoral y que, entre otras cosas, iba a ir destinada a las obras de la piscina cubierta”, indican desde el Ejecutivo.
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