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El TSJM admite el recurso por el cambio de régimen de unas viviendas sociales en Torrelodones
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(Foto: Asamblea de Vivienda)

El TSJM admite el recurso por el cambio de régimen de unas viviendas sociales en Torrelodones

Por Mabel Cazorla
lunes 08 de mayo de 2023, 11:24h
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por un grupo de vecinos de la urbanización Prado del Estudiante de Torrelodones contra la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por permitir a la constructora el cambio de régimen de las viviendas, de alquiler con opción a compra a únicamente alquiler, sin contar con los vecinos.

Según han denunciado los afectados, que han creado una Asociación, la constructora de las viviendas, Avintia, -que se hizo cargo de la promoción después de que la primera adjudicataria devolviera los terrenos tras la crisis de 2008- solicitó en su día el cambio de régimen de uso, de acuerdo con el Ayuntamiento, alegando que no había interesados en alquileres con opción a compra.

“La modificación se hizo a iniciativa del Ayuntamiento de Torrelodones, pero fue la Comunidad de Madrid quien autorizó este cambio y lo hizo en favor de la constructora sin contar con la voluntad manifiesta de los vecinos que accedieron a estas viviendas protegidas”, denuncian. Tras negarse la Consejería de Vivienda a revisar de oficio el expediente, tal y como solicitó la asociación vecinal en julio de 2022, los vecinos presentaron un recurso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJM y ha sido aceptado.

Explican desde la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, que ha apoyado a los vecinos en este procedimiento, que “las leyes de la Comunidad de Madrid permiten que las empresas cambien la tipología de las viviendas de protección pública sólo si son capaces de demostrar que no hay demanda del tipo de vivienda ofertado” y que en este caso la constructora “ignoró a las 27 vecinas que enviaron un correo interesándose por el alquiler con opción a compra, cuya publicidad obligada por ley fue de por sí muy pobre y corta en el tiempo”. Denuncian, además, que la Comunidad de Madrid también ignoró “a los 50 vecinos que remitieron un burofax poniendo en evidencia esta situación”.

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