El Proyecto Ágata preveía construir 19 aerogeneradores de más de 200 metros de altura y la construcción de una línea de alta tensión de 37 kilómetros hasta una subestación situada en el municipio madrileño de Galapagar. La línea atravesaría terrenos de la Sierra del Guadarrama y la Sierra Oeste, pasando por Santa María de la Alameda, Robledondo, Colmenarejo, El Escorial, Robledo de Chavela, Zarzalejo y Galapagar.
El proyecto suscitó en su día un gran rechazo social, tanto en Madrid como en Ávila, llegándose a presentar cientos de alegaciones en contra. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica, como también otros organismos, como la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, y organizaciones y asociaciones de todo tipo, ha decretado que no presenta un análisis sólido de los impactos ni medidas adecuadas para impedir los daños que ocasionaría su implantación.
“El proyecto previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre la avifauna y los espacios protegidos, y la documentación adicional aportada por el promotor no es una garantía suficiente de su adecuada prevención, al no resolver la problemática ambiental determinada por su ubicación”, señala el informe.
Alegaciones de Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid ha mostrado su satisfacción por la resolución del Ministerio y por los informes negativos emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. En sus alegaciones al proyecto han denunciado que la actuación prevista afectaría a terrenos colindantes o incluidos en la Red Natura 2000, con la afección directa a siete zonas ZEC y ZEPA, la IBA 070 ‘El Escorial - San Martín De Valdeiglesias’; y afectando igualmente a Áreas Críticas de especies catalogadas en peligro de extinción, y otras protegidas a nivel comunitario. “La declaración de impacto ambiental considera que los efectos que provocaría el proyecto son críticos e inasumibles sobre la fauna, particularmente sobre aves y quirópteros, presentes en el territorio”, explican desde Ecologistas en Acción.
“El proyecto reconocía que causaría la muerte por colisión o electrocución del águila imperial, el buitre negro y el milano real, así como de otras especies vulnerables como la cigüeña negra, el aguilucho cenizo, águila real, en porcentajes de probabilidad superiores a un 70 por ciento”, señalan. También declaraba el promotor que se verían afectadas “cinco especies de murciélagos catalogadas en ‘Peligro de Extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas: el murciélago ratonero mediano, murciélago ratonero grande, nóctulo grande, nóctulo mediano y murciélago de cueva”.
Asimismo, explican, “vulneraba específicamente varios planes comunitarios y regionales de protección de estas especies en peligro de extinción, como el Plan de Recuperación de la Cigüeña negra, el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica. Además suponía un riesgo de colisión para especies catalogadas en las listas de especies vulnerables (CEEA y LESRPE) como el águila perdicera, el milano negro, generando un efecto barrera en los corredores de vuelo de estos animales”.
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