La herramienta presentada hoy se encuentra en la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), “cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Esta Estrategia se desarrolla en una colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social”, explican desde el Gobierno regional.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha explicado este martes que esta plataforma de asistencia e información está integrada operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) que se encuentra en la sede del 112, y que ha entrado en funcionamiento recientemente.
‘Tapar’ un resquicio legal
El consejero ha señalado que “dentro de esta Estrategia contamos con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas. Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores”.
En las Viviendas Sociales de la Comunidad de Madrid este trámite no va a suponer un perjuicio para el ocupante habitual “ni un beneficio para el usurpador, ya que, porque con las medidas dispuestas se evitan, en primer lugar, situaciones reales de desamparo, y, en segundo lugar, prolongaciones extemporáneas de la ocupación”, han asegurado.
Así queda establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión residencial.
“La Comunidad de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente”, ha señalado López. Quien ha explicado que “esta herramienta forma parte de la Estrategia de Seguridad en la Comunidad de Madrid (ESICAM179). El CECOM, que próximamente daremos a conocer de manera pormenorizada a todos los madrileños, proporcionará apoyo a la labor de las Policías Locales y agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil, tanto para la activación de planes de sus Planes, como para el desarrollo de su actividad diaria”.
Marcar el 900 205 112 permitirá a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales. Además, podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.
¿Cómo funciona?
A día de hoy tienen convenio firmado con la Comunidad de Madrid para su participación en el ámbito de la coordinación con el CECOM 18 ayuntamientos. A estos últimos hay que sumar otros cuatro que han cedido agentes de sus Policías Locales para desempeñar este servicio.
Por el momento, el Centro de Coordinación Municipal presta servicio de 07.30 a 23.30 horas, con dos operadores en toda la franja y un policía sólo durante la mañana, los siete días de la semana. En breve se añadirá un turno de noche.
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales.
Los agentes –que han recibido formación específica para ello– realizarán una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en las OAVD.
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