En el caso de Majadahonda, Ecologistas en Acción denuncia la existencia de un vertido de escombros y enseres en el Barranco de la Vigüela. Un vertido que “podría llevar 10 años, según el SEPRONA”, aseguran desde Ecologistas en Acción, y que se encuentra en un paraje incluido en el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama. En el caso de Pozuelo de Alarcón es un vertido más peligroso, ya que se ha encontrado amianto y otros materiales junto a la Vereda del Camino de la Carrera.
En el estudio elaborado por Ecologistas han detectado no sólo estos, sino otros residuos como vehículos abandonados o calcinados, residuos industriales y un largo etcétera. Aunque se trata de un problema generalizado en la región, la zona más afectada es el sur metropolitano, en concreto los municipios de Leganés, Alcorcón, Valdemoro, Getafe, Madrid, Arganda del Rey, Parla y Móstoles.
En total el estudio, realizado hasta finales del pasado mes de mayo, ha identificado 672 ubicaciones, distribuidas en 24 municipios. Todas ellas se localizan en zonas de fácil acceso para vehículos, junto a caminos vecinales, vías pecuarias, carreteras, vías e instalaciones de ferrocarril y cursos fluviales.
La mayor parte de los residuos “proceden de la construcción”, aseguran. “A pesar de que para obtener autorización municipal, el promotor, debe acreditar la contratación de una empresa especializada para la retirada de residuos, en la práctica no siempre sucede. Esta situación se ha agravado con la eliminación de la licencia en reformas y con la implantación de las declaraciones responsables en obras menores”, aseguran, ya que “no existe un control previo”.
Desde Ecologistas en Acción denuncian que “los ayuntamientos carecen de medios para controlar, una vez iniciadas, todas las obras que se realizan en sus municipios, lo que favorece el vertido en cualquier parte. Las escombreras suponen el 28 por ciento de los puntos de vertido localizados”.
También los enseres (colchones, muebles, electrodomésticos) están vinculados a las obras de reformas de viviendas y, en muchas ocasiones están mezclados con escombros. Este tipo de vertido supone el 25 por ciento de los localizados. El amianto procedente de las planchas de fibrocemento de cubiertas de edificaciones y de tuberías, también está relacionado con la construcción y supone el 20 ppr coemtp del total.
Impacto en el medio ambiente
“Las consecuencias de esta actividad ilegal tiene tres importantes vértices: medioambiental porque contaminan el suelo, el agua y el aire consecuencia de los escapes de disolventes, pinturas, lixiviados, emisiones de contaminantes a la atmósfera por volatilización de sustancias químicas, etc. El agua de lluvia arrastra estas sustancias y los lixiviados (líquidos procedentes de la descomposición de la materia orgánica) que terminan en ríos y arroyos, afectando a la flora y la fauna”, recuerdan desde Ecologistas en Acción, organización que también hace hincapié en cómo estas afecciones al entorno natural repercuten asimismo en la salud de las personas. “Los vertederos ilegales con mezcla de todo tipo de residuos atraen plagas (insectos, roedores) y algunos elementos como el amianto es altamente tóxico, si se fractura y se manipula sin protección”.
“Pero la basura incontrolada además genera problemas económicos porque se está impidiendo que empresas autorizadas desarrollen su actividad económica generando beneficios y creando puestos de trabajo. Por otra parte, la retirada de tan enorme volumen de vertidos y de puntos tan dispersos, al recaer sobre las administraciones, supone un fuerte impacto para las arcas públicas”, señalan.
Ecologistas en Acción ha pedido medidas preventivas para que se evite la proliferación de puntos de vertido. “Para ello son imprescindibles medidas disuasorias como la impermeabilización de caminos para evitar el acceso y descarga. Y de forma paralela hay que incrementar la inspección mediante la colaboración de las policías municipales, el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno en Madrid. Pero ninguna de estas medidas será eficaz sin campañas de educación y concienciación de la sociedad. Estamos ante una emergencia ambiental y de salud pública y no es aceptable seguir mirando para otro lado”, concluyen.
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