Collado Villalba pide seguridad jurídica y compensaciones tras el fallo del Constitucional sobre las plusvalías

Vargas, que junto a la concejala de Hacienda, Yolanda Martínez, han hecho esta mañana una valoración en rueda de prensa tras el fallo del Tribunal Constitucional, ha subrayado que “el Ayuntamiento pide al Ministerio de Hacienda una compensación económica por este tributo”, que supone un 12,12 por ciento de los ingresos municipales, 4 millones de euros, y además reclama “una seguridad jurídica a los contribuyentes a la hora de liquidar un impuesto que se ha declarado inconstitucional”.

Durante la rueda de prensa, la concejala de Hacienda, Yolanda Martínez, ha explicado que el fallo del Tribunal declara “inconstitucionales y nulos”, tres apartados del artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía. Martínez ha recordado que el de las Plusvalías es el segundo ingreso tributario en importancia de todos los ayuntamientos después del IBI.

Su pérdida, han señalado ambas dirigentes, implica una merma de ingresos que va a afectar severamente a los presupuestos municipales, inversiones que van directamente a sufragar los servicios fundamentales que se prestan a los ciudadanos. “El importe, por poner un ejemplo, equivaldría a dejar sin pagar el servicio de mantenimiento de parques y jardines”, ha asegurado Mariola Vargas. El Ejecutivo ya había comenzado a elaborar el borrador de Presupuestos para 2022 que, tras esta noticia, tendrá que ser rehecho.

Mariola Vargas, además, ha criticado la “inactividad y pasividad” del Gobierno central, que no ha modificado las reglas del cálculo de este impuesto cuando el Tribunal Constitucional ya venía advirtiendo de irregularidades con el pronunciamiento de diversas sentencias desde hace años.

Ahora los ayuntamientos están a la espera, una vez conocido el fallo, a la sentencia completa del Tribunal Constitucional, que es la que fijará cómo deben proceder a partir de ahora. Mientras tanto, el cobro de las Plusvalías que ya estaban liquidadas pero no abonadas, o de las reclamaciones ya iniciadas, ha quedado en el aire.