El nudo de la Justicia aprieta la política en Hoyo de Manzanares

La querella proviene de miembros del Partido Popular en la legislatura del 2007-2011, a raíz de la controvertida moción de censura contra el popular José Antonio Antolínez y la posterior resolución de Pleno que dio la Alcaldía a Regueiras. Cuando éste estaba ya en el cargo, llegó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le obligaba a devolver la Alcaldía al anterior regidor, un traspaso de poderes que nunca se realizó, por lo que se le acusa de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Las penas solicitadas en este juicio próximo son de cárcel y de inhabilitación de cargo público.

A raíz de este Auto hemos conocido la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, preguntada en un programa de televisión sobre su compromiso de no mantener gobernando a imputados de su partido, a lo que contestó que se estaban investigando errores “administrativos” y de un tiempo en el que Regueiras “no era miembro” del Partido Popular.

Nueva citación

Hace seis años se le abrió un expediente disciplinario al secretario del Ayuntamiento, Carlos Rubio. Para instruir este caso se nombró a un recién llegado a la política, Pedro Rodríguez, concejal de Izquierda Unida. Nos describe una situación insostenible en el Ayuntamiento cuando, tras la moción de censura gobernaba el tripartito formado por PIPH -el partido entonces de Regueiras- IU y PSOE.

“Al secretario se le imputaban una serie de faltas en relación con el respeto debido al alcalde, el deber de custodia de documentos y la extralimitación de sus funciones añadiendo una coletilla a todos los documentos de los que tenía que dar fe”, explica. El Pleno, como resultado, impuso la suspensión de empleo y sueldo al alto funcionario por 11 meses y 15 días, por trece causas graves, que el afectado recurrió en los Tribunales. Ahora hay una sentencia que anula este expediente disciplinario y en la investigación presente han sido llamados a declarar tanto el alcalde José Ramón Regueiras como el instructor del expediente.

Pedro Rodríguez asegura que se siente sorprendido de la acusación de “prevaricación” porque explica que “se le pidió a la Comunidad de Madrid que se hiciera cargo del expediente pero lo rehusó ‘por falta de desarrollo del reglamento’. Se nos señaló que podía hacerlo un cargo electo”. Dice que asumir esa responsabilidad pudo ser temerario “yo no soy abogado, pero seguí la normativa. No tengo ninguna duda ética de lo que hice, pero la palabra ‘imputado’ tiene connotaciones que para nada se corresponden con la responsabilidad que asumí”. Señala que la sanción se decidió en el Pleno y él como instructor tuvo que salir y no votó en ese punto “sin embargo la repercusión recae sobre mí”.