Más colaboración para atajar las actuaciones de los grafiteros

Representantes de la Comunidad de Madrid y de la Delegación del Gobierno se reunían este miércoles para incrementar la colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de atajar la actuación de grupos de grafiteros en la red de Metro de Madrid, que también se ha extendido a otros medios de transporte público como Cercanías.

Desde el pasado 1 de noviembre se ha registrado un incremento notable en la acción de estos grupos y, de hecho, uno de los últimos incidentes registrados tenía lugar en la zona Noroeste el pasado sábado, 10 de noviembre, a eso de las nueve de la noche, cuando un grupo de grafiteros paró un tren entre las estaciones de Collado Villalba y Galapagar-La Navata para pintar los vagones.

Tras la reunión entre la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, y el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha acordado incrementar la vigilancia en la red de Metro y crear una comisión de seguimiento para evaluar las actuaciones. Gonzalo ha agradecido la implicación de la Delegación de Gobierno en este asunto, que excede de las competencias de Metro al tratarse de actos vandálicos y por tanto de un problema de seguridad ciudadana.

Gonzalo ha recordado que Metro ya ha reforzado la seguridad en un 20 por ciento en la red, pero las actuaciones de los grafiteros “tienen que tratarse desde un punto de vista de seguridad pública, por lo que la Delegación del Gobierno debe aumentar su implicación para acabar con estos hechos. Aunque la gestión del transporte público metropolitano sea de la Comunidad, la seguridad de los ciudadanos y trabajadores es competencia de la Delegación del Gobierno, independientemente de si esta seguridad se pone en entredicho en la superficie o en el subsuelo”.

De enero a noviembre de 2018 se han realizado un total de 503 denuncias por parte de Metro de Madrid a la Policía por actuaciones de grafiteros, con unos daños económicos a la red de Metro valorados en 1.001.605 euros. En 2017 se interpusieron casi 800 denuncias en todo el año, en las que se reclamaban casi 1.429.000 euros en concepto de daños y gastos generados por la acción de los grafiteros.