Dos años de prisión
Por un lado, y coleando aún los hechos de la moción de censura de 2008, se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía. El diario digital El Confidencial acaba de publicar que el juzgado de Colmenar Viejo número 1 es el que debe elevar el caso a un juzgado de lo penal de Madrid para que fije la fecha de juicio. El letrado de la acusación -formada por cuatro exconcejales del PP, uno de ellos representante de Ciudadanos en el actual Pleno- argumenta que “debería ser este mismo año. Hemos hecho un escrito al juez, ya que no entendemos el retraso”.
El caso se remite a 2008 y a la equivocación en la emisión de un voto sobre la moción de censura liderada por Regueiras contra el entonces alcalde del PP, José Antonio Antolínez. El secretario entonces admitió a trámite el primer voto, que no hacía prosperar la moción. Pero Ramón Regueiras desde su partido independiente -formado tras salirse del PP- presentó recurso de reposición para revocar esta votación y fue avalado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, casi dos años después el Tribunal Superior de Justicia sentenció, con una sentencia firme y ejecutiva, que se debía de devolver la Alcaldía. Esto nunca ocurrió y Regueiras continuó hasta el final de la legislatura.
Informes que no aparecen
Por otro lado está el asunto del contrato de eficiencia energética. Nuevas líneas de investigación en la denominada trama Púnica apuntan al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que dirigió durante una década el Plan PRISMA en la Comunidad de Madrid. Indican que pudo beneficiar a la constructora VIRTON -en Hoyo realizó obras- por lo que ésta pagaba comisiones. González Taboada participó en una reunión de la Ejecutiva del PP de Hoyo como mediador cuando el voto díscolo de uno de sus concejales dio al traste con el contrato de eficiencia energética.
Mientras, en la comisión de investigación local sobre el concurso de ese contrato se están encontrando con dificultades para encontrar un informe que justificara la contratación, por 4,7 millones durante 15 años, de este servicio. Uno de los ediles responsables de este asunto ha reconocido que “no hay nada por escrito”.
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