Regueiras vuelve a los Tribunales a declarar como imputado

Son cuatro las causas pendientes que tiene con la Justicia el alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras, y cada una está en diferentes fases. La primera, con un retraso de 9 años, se haya en instrucción cerrada y remitida a los Juzgados de lo Penal en espera del Juicio Oral. Se trata de una acusación de usurpación de cargo público y desobediencia al Tribunal Superior que puede llegar a penas de cárcel e inhabilitación para cargo público. Por otra parte, el regidor perdió un contencioso administrativo por acoso laboral hacia el ex secretario del Ayuntamiento―también hace dos Legislaturas― por el que se tuvo que indemnizar, con dinero público, con más de 50.000 euros. Pero a raíz de este caso, la Fiscal decidió investigar por si ésto fuera constitutivo de delito.
Como tercera causa, tiene una acusación por atentar contra el honor que ha interpuesto uno de los monitores de la Casa de la Juventud del municipo cuando hace má de dos años, se les acusó en falso y se les apartó de su labor de forma injustificada. Este caso tendrá repercusiones económicas. Hasta ahora asciende a 300.000 euros el dinero que se ha gastado el Ayuntamiento gobernado por Regueiras en sentencias judiciales.
La cuarta causa es por la que ha sido llamado a declarar el jueves 19 de Octubre referente a un presunto delito de prevaricación urbanística junto a otros miembros de su equipo de gobierno y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Respecto a este último caso, centrado en la segregación de una parcela que pretendía unir la A6 con un nuevo desarrollo urbanístico como proyecto de la Universidad, ha saltado una nueva polémica. La prensa ha puesto el foco en el veto entre fiscales para frenar que la querella incluyera a un alto cargo de la Justicia. La Fiscalía de Madrid denunció este verano esta segregación aprobada en Pleno municipal pero denegada por los informes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el propio director general del Registro y del Notariado revocó la decisión de la autoridad regional por lo que se le incluyó en la querella por dar un argumento considerado “falaz”. Lo que se ha desvelado es que el fiscal jefe de Madrid frenó esta última acusación y por ello, el fiscal encargado del caso se negó a firmarlo.