“Cuando estamos hablando de un problema que afecta a la salud, como es la presencia de gas radón en las edificaciones, debemos informar a la población y tomar todas aquellas medidas que estén en nuestra mano para minimizar los efectos. El Ayuntamiento no debe ni puede inhibirse de la responsabilidad de velar por la salud de sus vecinos”, ha explicado Gonzalo Díaz, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en el ayuntamiento de Collado Villalba.
Este grupo considera necesario elaborar una Estrategia para la minimización de la exposición al radón en el municipio, priorizando aquellos edificios con una incidencia sobre la población más vulnerable, como es el caso de los centros escolares, centros sanitarios y espacios de uso público, como aparcamientos subterráneos.
“En nuestro municipio existe una grave afección a la salud, generada por la exposición al gas radón, dado que el término municipal se encuentra en una zona, cartografiada por el Consejo de Seguridad Nuclear y calificada como zona de actuación prioritaria, razón por la cual está incluido en la “clasificación de municipios de la Comunidad de Madrid en función del potencial de radón”, explican en su moción. Este gas, inodoro e incoloro, ha sido declarado carcinógeno humano tipo I por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y la OMS considera que está detrás de entre un 3 y un 14 por ciento de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial.
“En la actual Ordenanza que regula el informe de evaluación de edificios se establece la obligación de tener en consideración la concentración de radón en los edificios obligados a someterse a este preceptivo informe de evaluación de edificios”, explican desde Más Madrid, pero se limita a valorar estos niveles de radón en “edificios y construcciones con antigüedad superior a 30 años”, señalan. “Pero el problema no es exclusivo de edificaciones de esta antigüedad, estando afectados, en mayor o menor medida la totalidad de las edificaciones del término municipal”. Por eso, han pedido revisar aquellas edificaciones de menos de 30 años, pero anteriores a la nueva normativa, que pudieran estar afectadas.