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23 familias adjudicatarias de vivienda protegida en El Montecillo en riesgo de desahucio
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23 familias adjudicatarias de vivienda protegida en El Montecillo en riesgo de desahucio

domingo 04 de febrero de 2018, 14:04h
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Algunos miembros de la Asociación de Afectados de la Vivienda de Protección Pública de Las Rozas siguen asistiendo a los Plenos municipales mensuales. Ya no pueden preguntar por su situación en las viviendas porque el asunto está judicializado—han denunciado al alcalde por prevaricación y está admitida a trámite— pero este mes de Enero preguntaron por medidas eficaces ante una situación enquistada en el tiempo de robos en sus garajes y viviendas.

La promoción de viviendas de El Montecillo en Las Rozas fue un convenio dentro del Plan regional de Vivienda Joven firmado entre los gobiernos del PP en el 2006, con Bonifacio de Santiago como Alcalde y la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre. Cuatro mil jóvenes en Las Rozas se apuntaron al sorteo de las 400 viviendas en una parcela municipal vendida a una empresa privada que debía de mantener por 30 años la condición de protección pública. Sin embargo, antes de entregarse los pisos en el 2010 en un Pleno municipal, se aprobó la reducción de esta condición a 7 años obedeciendo a un decreto regional.

Las 23 familias que se han resistido a renovar el contrato de alquiler de sus viviendas—con una subida de alquiler del 40 % en tres años, donde incluyen el pago del IVA, IBI, Comunidad, derramas y un seguro de hogar—con el fondo de inversión inmobiliaria, Fidere, están consignando la mensualidad en el Juzgado. Pero también han denunciado por prevaricación al alcalde Jose de la Uz, como presidente de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y de Vivienda (EMGV). Luis Martínez, de la asociación de afectados explica que “cuando la empresa constructora Ferrocarril quebró y la SAREB se quedó con las casas, se incumplió con otra condición resolutoria que permitía retornar la parcela pública al Ayuntamiento—en este caso hubiera supuesto 5 millones para las arcas públicas—y sin embargo, no se hizo nada y se dejó que Fidere las adquiriese en el 2015 antes de cumplirse los siete años como vivienda de protección”.

La asociación explica que desde el principio nada fue lo que se anunció. Tuvieron que soportar subidas reiteradas del alquiler—de 515 a 750 euros—la falta de reparaciones y mantenimiento de la urbanización, la inclusión de cláusulas abusivas como el pago del IBI y dos plazas de garaje obligatorias. Del total de los inquilinos de esta promoción señalan que el 75 % quería mantenerse en alquiler y no comprar las viviendas “Fidere adquirió cada vivienda por 70.000 euros y nos las venden por 212.000 euros más el IVA. Las viviendas se construyeron con una finalidad social no para que una empresa se forre”. El presidente de esta asociación de vecinos afectados, Luis Martínez, señala que lo que pretenden es “que no nos echen y que no nos suban el precio”.

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