Con esta iniciativa, puesta en marcha el pasado 1 de julio pero que se ha presentado ahora, se refuerza y mejora la cobertura y se centraliza este proceso en el centro sanitario, evitando a la afectada trámites o desplazamientos a otras instancias. En sus dos primeros meses de aplicación, el denominado Protocolo de Asistencia Sanitaria Coordinada a mujeres que han sufrido violencia sexual reciente, ya ha atendido 123 casos.
Este Protocolo está dirigido a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión o abuso sexual reciente. Se pone en marcha con la activación de un código (VISEM), ya sea desde los servicios de urgencia extrahospitalarios (SUMMA 112 o SAMUR) o desde un centro sanitario acreditado.
De esta forma, se moviliza y coordina a todos los dispositivos implicados –sanitario, policial y judicial- “con el objetivo de garantizar a la víctima una asistencia urgente e integral en un solo punto de atención, facilitándola así intimidad, cuidados y apoyo psicosocial”.
Además, contempla la implantación del Informe de Asistencia Sanitaria Urgente, que evita que la mujer deba personarse en dependencias policiales para formalizar la denuncia antes de acudir al centro sanitario. Así, desde el hospital se notifica al Juzgado de Guardia la existencia de un caso de violencia sexual, activándose así la vía judicial sin necesidad de que exista denuncia previa, salvo que la afectada exprese su deseo de no denunciar.
En la primera fase del proceso el personal facultativo del hospital correspondiente es el que realiza una primera valoración a la víctima. Posteriormente se notifica al Juzgado de Guardia por vía telefónica y medios telemáticos el caso, y se envía un informe de asistencia sanitaria urgente por presunta violencia sexual. El tercer paso prevé la personación del médico forense en el hospital por orden del juez de guardia para proceder, en paralelo, a la atención médico-legal.
Para facilitar la implantación de este protocolo se ha creado la figura del referente VISEM en cada uno de los centros acreditados, que son los 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que disponen de los servicios de ginecología y psiquiatría las 24 horas del día, aunque también participan en los distintos tiempos y procesos de auxilio los profesionales del SUMMA112 y del SAMUR en el municipio de Madrid.
Centros en los que se aplica
Ocho de los centros en los que se ha implantado el protocolo se ubican en Madrid capital: 12 de Octubre (urgencias maternales); Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; Clínico San Carlos. Fundación Jiménez Díaz; Gregorio Marañón (urgencias maternales); Infanta Leonor; La Paz (urgencias maternales) y el Ramón y Cajal. El resto se encuentran en distintas localidades de la región: Fundación Alcorcón (Alcorcón), Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), Tajo (Aranjuez), Sureste (Arganda), Henares (Coslada), Fuenlabrada (Fuenlabrada), Getafe (Getafe), Severo Ochoa (Leganés), Hospital General de Villalba (Collado Villalba), Puerta de Hierro (Majadahonda), Hospital de El Escorial (San Lorenzo de El Escorial); Móstoles y Rey Juan Carlos (en Móstoles); Infanta Cristina (Parla), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Torrejón (Torrejón de Ardoz) y Hospital Infanta Elena (Valdemoro).
La Dirección General de Salud Pública, encargada de la implantación de este sistema, ha realizado una sesión informativa previa dirigida a más de 200 profesionales sobre las nuevas pautas de actuación que recoge este protocolo, y en este mes de septiembre continuará con el plan formativo para dotar de herramientas complementarias a los sanitarios en la atención a las víctimas. Además, ha editado un folleto informativo para su distribución en los puntos específicos de atención a las mujeres.
Esta iniciativa de la Consejería de Sanidad ha sido consensuada con las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior, y de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, así como con el Ayuntamiento de la capital, y ha contado con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, ha recibido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial.
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