El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el inicio de la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, se remitirá a la Asamblea de Madrid. Se trata de una nueva normativa que, como ha señalado, “garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular”, ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
“Queremos que sean las familias las que decidan dónde escolarizar a sus hijos. Nadie mejor que ellos saben cuál es el mejor centro”, ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, para remarcar que el sistema educativo de la región está basado, principalmente, en la libertad, “para ahondar en la excelencia académica, el mérito y el esfuerzo”. En este sentido, ha asegurado que lo seguirá siendo, pese a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).
Así, con la nueva ley se permitirá a las familias que puedan elegir entre las diferentes modalidades de escolarización existentes en la Comunidad de Madrid para los alumnos con necesidades educativas especiales: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días).
Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno. De esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal. “Es imprescindible para muchos alumnos, no vamos a permitir, como pretende soterradamente la Ley Celaá, que estos centros se vayan vaciando”, ha señalado.
La Administración educativa, ha señalado, dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.
Distrito único y plazas concertadas
Con esta ley, como ha explicado la presidenta, se quiere procurar un sistema similar a la zona única educativa que “ahora mismo está vigente en la Comunidad de Madrid y que permite que nueve de cada diez familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción”.
Precisamente, la Comunidad de Madrid adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias antes de la aprobación de la nueva ley educativa. El Gobierno regional fue el primero en aprobar el pasado 4 de diciembre las instrucciones para este proceso dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos.
Asimismo, “garantizará la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social, concepto que ha quedado excluido en la LOMLOE. La Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.
Educación diferenciada y español
Igualmente, Díaz Ayuso ha explicado que la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal ya en vigor, “que la educación diferenciada no rompe la igualdad, al ser conforme con nuestro texto constitucional, ya que, según el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos”.
Además, desde la futura normativa madrileña se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España; términos suprimidos en la Ley educativa estatal. Se va a promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas. “Nuestra lengua es nuestro mejor patrimonio, nos abre las fronteras del mundo y nos da acceso a una de las culturas más ricas de la Historia”, ha señalado.
Por último, la presidenta ha anunciado que también se realizarán evaluaciones externas con el objetivo de mejorar “aún más la calidad y la excelencia una educación que presume de tener la tasa más baja de abandono escolar de toda España”.
Si (
No(
