Según se establece en la Ley Orgánica de Educación y en la normativa autonómica madrileña, los conciertos educativos tienen una duración de 6 años, pero se permite que las comunidades autónomas cambien el tiempo de los mismos. En el caso de la Comunidad de Madrid, los conciertos que actualmente están vigentes en la región vencerían dentro de dos años.
La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, “se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía. Con este futuro cambio, los conciertos se renovarán dentro de 6 años”.
Esta medida ha sido adoptada ante la disconformidad del Ejecutivo regional tras la decisión del Gobierno de la nación de reducir el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, el 29 por ciento de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en más de 360.000 alumnos.
“La libertad de elección de centro es uno de los pilares del sistema educativo madrileño, como demuestra que en la Comunidad de Madrid el 94 por ciento de los padres ha conseguido la primera opción de centro para sus hijos, el mejor porcentaje registrado en la región en toda la serie histórica. La región ha pasado de contabilizar un 80,5 por ciento de alumnos que obtuvieron plaza el colegio elegido como primera opción en el curso 2006/07, -el primer año del que se tiene registros de este tipo-, al 94 por ciento de este curso 2020/21”, señalan desde el Gobierno regional.
La tramitación del Decreto para elevar la duración de los conciertos se suma a otras medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para reforzar la libertad de elección de las familias. El pasado 4 de diciembre el Ejecutivo madrileño publicó las instrucciones para este proceso dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.
De esta manera, Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar estas instrucciones, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos. Esto obedece a que la nueva ley educativa contempla que los procesos de admisión de alumnos para el curso 2021/22 aprobados antes de su entrada en vigor, puedan desarrollarse conforme a la normativa vigente.
Esta resolución conjunta permite disponer de tiempo suficiente para realizar los trámites normativos necesarios y retrasar un año la aplicación de los cambios en materia de admisión en la región. Como consecuencia, en el próximo proceso de admisión se mantiene el distrito único en cada municipio, por el cual se garantiza la igualdad de condiciones para todas las familias para la elección de centro en su municipio, independientemente de donde residan.