El texto determina que la jornada lectiva se organizará, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de continuada en los meses de septiembre y junio. Así, los colegios públicos que así lo deseen podrán tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, una actuación que se facilita y simplifica para que la comunidad educativa y las familias de los alumnos puedan activarla de manera sencilla y con todas las garantías.
La iniciativa deberá partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro, formado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales. El procedimiento contemplará consultas al claustro y a este órgano de participación, así como a las familias, e incluirá una votación, presencial o telemática, en la que será necesario que la mayoría de los votos emitidos resulte favorable.
Tras confirmarse el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará de su resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Será su titular quien autorice el cambio, previo informe del Servicio de Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo este proceso deberá realizarse antes del 15 de marzo de cada año, con el objetivo de que los centros puedan adoptar las disposiciones necesarias para empezar a aplicar la jornada partida en el siguiente curso. Por su parte, aquellos centros que ya tuvieran aprobado el horario continuado antes de la entrada en vigor de la norma podrán mantenerlo.
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