López ha asegurado que, “respecto a años anteriores hemos apreciado una estabilización en cuanto al número de presuntas infracciones cometidas, que fue superior a las 77 registradas en 2020, y ligeramente inferior a las 151 de 2021”.
Destacan, en primer lugar, los delitos relacionados contra la biodiversidad, como los de disparos a especies protegidas, el uso de artes ilegales de caza como cepos, lazos, o jaulas trampa, así como el empleo de venenos, seguidos por los incendios forestales. Otros asuntos investigados fueron los vinculados con vertidos a los cauces con grave afección ambiental y los de maltrato animal. Además, en 2022 descendió el número de delitos contra el urbanismo.
Geográficamente, los delitos contra la fauna se centran más en el este y el sur de Madrid, mientras que los relacionados con incendios forestales se focalizan más en la zona Oeste, al igual que años anteriores. Los urbanísticos, por su parte, estuvieron repartidos por todo el territorio, mientras que los de carácter medioambiental en las zonas de Sierra “han sido afortunadamente muy bajos en relación con el resto del territorio”.
López ha subrayado que la mayoría de las irregularidades fueron cometidas entre los meses de junio y septiembre. “Todos los incendios forestales ocurridos el año pasado han sido investigados en su totalidad. Conocer sus causas es la mejor manera de actuar contra ellas de cara al futuro y poder mejorar así la política de prevención”, ha señalado.
Agentes de la Autoridad
Los agentes forestales componen el cuerpo autonómico competente en la persecución de las infracciones y delitos ambientales. Tanto la normativa autonómica como la estatal les otorga por Ley el carácter de agentes de la autoridad, Policía Administrativa Especial y Policía Judicial Genérica.
Para ello se forman en diferentes cursos avanzados de criminología ambiental, trabajando de manera conjunta con las Fiscalías de Sala y Provincial de Medio Ambiente en multitud aspectos, como la disminución de la mortalidad en aves rapaces por tendidos eléctricos, el uso ilegal de venenos y artes prohibidas, la prevención e investigación de incendios forestales, la ordenación del territorio, vertidos y maltrato animal.
El año pasado participaron en el dispositivo de inspección de balsas y canales para valorar la incidencia de los ahogamientos de la fauna silvestre, así como la inspección y valoración de puntos de alto riesgo de incendio forestal. Para ello, conjugan el empleo de técnicas y métodos (inspección técnico ocular, método de evidencias físicas, formación técnica avanzada) y de herramientas (unidad canina especializada en persecución de venenos, maletín de investigación de incendios forestales, cámaras de foto trampeo, etc..), junto a los conocimientos legales para su aplicación, constituyéndose en una policía judicial altamente especializada.
También se ha implementado un mecanismo de Intercambio de Datos entre Administraciones Públicas (ICDA) exclusivo para los agentes forestales en la obtención de datos de titulares de matrículas y la verificación de la identidad mediante el DNI o CIF de empresa, y mejorar la calidad en las investigaciones.