El requerimiento enviado por UTE de Galapagar, empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado, reclama 3.698.985,46 euros al Consistorio “en concepto de reequilibrio económico por las modificaciones en el sistema de regulación de plazas en el periodo 2013-2019”. Afecta, recuerdan, “tanto a la legislatura que finalizó en el año 2013 como a la comprendida entre 2015 y 2019, coincidiendo ambas con la gestión de los anteriores equipos de Gobierno, formados y presididos por el Partido Popular”, han indicado en un comunicado.
Aseguran desde el Ejecutivo que se ha puesto “el máximo esfuerzo” en dar solución a una relación contractual con la concesionaria que han calificado de “muy lesiva” para el municipio. “La sensación es agridulce: por un lado, nos congratulamos en haber paralizado desde el primer momento esta situación en la que año a año la empresa exigía más de medio millón de euros de indemnización al Ayuntamiento, pero lamentamos profundamente que ya nos encontráramos con esta solicitud multimillonaria que había sido ocultado a la entonces oposición de la que tanto PSOE como Cs formábamos parte”.
En este sentido, han asegurado que “cuatro de los seis concejales del actual grupo municipal del PP estaban en el Gobierno municipal entre el 2015 y el 2019, período en el que se solicitó esta compensación” y que se están tomando “todas las medidas necesarias para solucionar un problema de extrema gravedad heredado de la anterior legislatura”.
“Pondremos en marcha las acciones que sean necesarias en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Galapagar y nos reservamos el derecho de emprender las acciones pertinentes contra los responsables, en caso de que el Consistorio se vea obligado a hacer frente a dicha indemnización que puede comprometer seriamente la viabilidad económica de este Ayuntamiento”, finaliza el comunicado.
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