Patricia García Cruz ha repasado durante su intervención las obligaciones de la empresa concesionaria, Urbaser, recogida en un documento que presentó la propia empresa al Ayuntamiento para abordar este tipo de situaciones: ‘Plan de Nevada 2020-2021’, “donde consta que debía tener suficientes reservas de sal a disposición de los vecinos, se comprometía a reclutar personal necesario, ampliar las jornadas de limpieza y los servicios, realizar un salado preventivo 72 horas antes del temporal y aumentar la maquinaria y los efectivos. Un Plan de retirada de nieve según el cual debía priorizarse el casco urbano de Las Rozas y la limpieza de los accesos a los edificios públicos, colegios y otros”, señalan desde la formación política.
“Nada de esto se hizo como es patente y visible por parte de cualquier vecino”, ha indicado García Cruz, quien ha recalcado que “más de 15 días después de la intensa nevada, el servicio de recogida de basuras y de limpieza de calles sigue sin recuperar la normalidad. Todavía hay contenedores sin recoger”.
En este sentido, ha recordado que la limpieza a los accesos a los centro educativos fueron organizados por muchas AMPAS, que el Ayuntamiento tuvo que comprar más existencias de sal porque la empresa adjudicataria no aportó las cantidades suficientes, y reforzar con medios propios la limpieza de nieve. “Sin olvidar la labor de muchas vecinas y vecinos que de forma voluntaria han colaborado a la retirada de nieve”.
A todos estos problemas se suma un cambio de adjudicatario del contrato en plena crisis, ya que desde el día 15 de este mes la prestación del servicio es responsabilidad de la empresa FCC. Un contrato que “está inmerso en un embrollo administrativo desde el año 2017 y cuya adjudicación es previsible que acabe en los tribunales”, ha explicado García Cruz. “Llevamos años denunciando los problemas generados por la privatización de un servicio esencial, mediante la realización de macrocontratos que incluyen la recogida de residuos, también la limpieza viaria y de parques y jardines. Un contrato que cuesta a nuestras arcas públicas 10 millones de euros anuales”.
“La crisis suscitada por el fenómeno Filomena ha puesto de relieve las costuras de un modelo de gestión privatizado que en una situación como esta no ha tenido capacidad de poner los medios y recursos comprometidos para afrontar esta situación. El malestar vecinal es manifiesto y se ha puesto de relieve en numerosas críticas vertidas en redes sociales”, han asegurado desde Unidas por Las Rozas. Su portavoz ha reclamado al Ejecutivo que active los mecanismos para sancionar a Urbaser “porque incumplió flagrantemente sus obligaciones” y ha invitado a hacer una reflexión respecto a la remunicipalización de este servicio. “Nuestra alternativa es que sea un servicio municipal como existe en otros ayuntamientos en los que han tenido mucha más capacidad para afrontar esta situación”.
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