Los hechos se remontan al 2008 en la votación en el Pleno sobre la moción de censura contra el alcalde en ese momento del Partido Popular, José Antonio Antolinez. El voto de la concejala del partido popular independiente (PPIH) Carmen Torralba fue un “no” a la moción de censura apoyando al alcalde, pero luego con su rectificación-alegando una equivocación- generó la destitución y un nuevo nombramiento. El PSOE por su parte conseguía a nivel judicial que se ordenara computar el voto de la concejal como positivo y el gobierno quedó formado en el 2009 por una coalición entre el PSOE, IU y el partido popular independiente donde el acuerdo era que el nuevo alcalde fuera J.Ramón Regueiras del PPIH. Sin embargo cinco meses después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvía a dictaminar, a petición del letrado de la anterior corporación, que se revocara la sentencia anterior y diera “plena validez y eficacia” al primer recuento de votos.
Desde entonces, a pesar de la sentencia en firme y susceptible de ejecución, el alcalde José Ramón Regueiras y según recoge el mismo escrito judicial, su asesor Francisco Javier Cardona “incumplieron de forma flagrante el contenido de la resolución y continuó ejerciendo como alcalde” hasta las siguientes elecciones de mayo de 2011.
La jueza que está instruyendo el caso de esta imputación, Eloísa Martínez, dictaminará sobre los presuntos delitos de desobediencia, que puede suponer hasta 4 años de inhabilitación, y usurpación de funciones públicas que tiene una pena máxima de 4 años de cárcel. También los querellantes- los cuatro concejales del Partido popular que gobernaban junto con el anterior alcalde J.Antonio Antolinez-piden hasta 600.000 euros de indemnización.
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