La Comunidad de Madrid presta asistencia letrada a un total de 115 municipios y 11 mancomunidades que se han sumado al convenio firmado entre el Gobierno regional y la Federación Madrileña de Municipios (FMM) en julio de 2025. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ofreció estos datos durante la inauguración de una jornada informativa sobre este servicio, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.
García Martín destacó que esta iniciativa “ofrece respaldo jurídico a los ayuntamientos para que puedan ejercer sus competencias de la manera más adecuada”. Además, subrayó que proporciona seguridad y garantiza que todas las localidades, sin importar su tamaño, cuenten con las mismas oportunidades para defender sus intereses.
Colaboración institucional y proyectos conjuntos
El evento reunió a más de 80 representantes públicos, incluyendo alcaldes, concejales, habilitados nacionales y técnicos, quienes pudieron conocer a través de casos prácticos los servicios que ofrece la Abogacía General a las corporaciones locales.
Asimismo, el consejero resaltó la importancia de la colaboración entre el Gobierno regional y la FMM, describiéndola como “una relación basada en la confianza y en la lealtad institucional”. Entre los proyectos conjuntos se encuentran las Oficinas de Atención al Ciudadano, la renovación del convenio para asegurar el funcionamiento de la FMM y el protocolo para establecer una nueva sede en Gran Vía.
Apuesta por la administración local
García-Martín recalcó el compromiso del Gobierno regional con la administración local y el apoyo a las áreas rurales mediante iniciativas como la asistencia letrada. También con planes como Pueblos con Vida o el Programa de Inversión Regional (PIR), que juntos cuentan con una inversión cercana a los 1.200 millones de euros durante esta Legislatura. Además, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para este año contemplan 1.533 millones destinados a inversiones en municipios y 625 millones para garantizar la calidad de los servicios públicos ofrecidos por los ayuntamientos.
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