Desahucios en las viviendas públicas

“El PP de Torrelodones creó la empresa pública SUMTOSA (Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones Sociedad Anónima) para gestionar dichas viviendas de forma más ágil, y ha acabado siendo un ejemplo más de ineficiencia”. Según asegura Vecinos “el equipo de Galbeño, tras olvidarse de las viviendas durante años (dos de ellas llevan vacías mucho tiempo), decidió liquidar la sociedad, y en un Consejo de Administración aprobó también que se venderían todos los inmuebles “otorgando preferencia a los actuales inquilinos”. Mientras, los contratos de arrendamiento fueron expirando, y la mayoría de los inquilinos continuaron pagando el alquiler a la sociedad. Ésta no aclaraba nada sobre el futuro de las viviendas; y el Alcalde no respondía ni a los requerimientos de los inquilinos, ni a Vecinos por Torrelodones”.

Desde Vecinos concluyen que “nos oponemos a que se vendan las casas de Sumtosa, defendemos que se vuelva a convocar un concurso para concederlas en alquiler en función de criterios sociales. Con dos años y medio de retraso, el PP de Torrelodones nos acaba de permitir incorporar una persona al Consejo de Administración de Sumtosa que se encargará de defender esta posición”.

Por su parte, SUMTOSA ha asegurado que “estas viviendas son una promoción de vivienda protegida en rotación destinada a familias en precario, que una vez concedida su ocupación mediante sorteo, disponen de la vivienda durante un periodo de cinco años; pasado ese periodo deben abandonar las viviendas, aunque los inquilinos que continúen en situación de necesidad pueden volver a participar en el nuevo sorteo de viviendas”.

Según afirma SUMTOSA “los actuales inquilinos deberían haber abandonado las viviendas en el año 2007, al cumplirse el plazo estipulado. La empresa les mandó tres notificaciones y como los inquilinos han continuado en su actitud, la situación se puso en manos de los juzgados de Villalba, desde donde el juez ha emitido las órdenes de desahucio”.

Por último, SUMTOSA sentencia que “la actitud de los inquilinos que se niegan a abandonar las viviendas afecta negativamente a otras familias con idénticos derechos y con necesidades similares que no pueden ocupar las casas hasta que éstas no sean desalojadas, siendo imposible la convocatoria de un nuevo sorteo en tanto en cuanto este hecho no se produzca”.