A debate el modelo de Educación

Se duplica el precio del Transporte Escolar
Con el voto en contra de todos los grupos de oposición, el Partido Popular aprobó el aumento de los precios públicos por la prestación del servicio de transporte escolar municipal ya que, según explicó su portavoz, Fernando González, se trata de un servicio deficitario al cual el Ayuntamiento no está obligado. Así, a partir de su entrada en vigor, las familias que quieran utilizar este servicio pagarán 30 euros al mes por el primer hijo, 26 por el segundo y 20 por el tercero (frente a los 15, 13 y 10 que pagaban anteriormente). La subida se justificó por, entre otros factores, el aumento del precio de los carburantes, la inflación acumulada y el nuevo contrato de licitación con la empresa adjudicataria del servicio. El concejal de AcTúa, Miguel Mur, argumentó que si hay que reducir costes no se debería empezar por los servicios públicos, sino por otros gastos como la gratuidad de la Escuela de Pensamiento Matemático (única actividad extraescolar que goza de este privilegio y a la que acuden alumnos de otros municipios), la bonificación al colegio Peñalar o el cheque escolar. En la misma línea se manifestaron tanto Violeta Zayas, del PSOE, como Gonzalo Santamaría, de Vecinos por Torrelodones, quien sugirió además el ahorro en el ámbito del transporte, pidiendo “que el Alcalde se traslade en su propio coche, sin chófer y pague su propia gasolina”. La concejal de Administración Local y Educación, Silvia González, agradeció a la oposición las ideas aportadas y alegó que estaba en el programa popular “establecer controles de calidad en el servicio” y, por su parte, el portavoz popular aseguró que con esta medida se evita una carga económica excesiva a los vecinos en general con un gasto del que se beneficia sólo una parte de la población.

Bonificación al colegio Peñalar
Los votos favorables de Partido Popular, con la oposición del resto, permitieron la bonificación del 95 % en la cuota del ICIO (Impuesto de Construcciones y Obras) correspondiente al proyecto de construcción del colegio Peñalar. La solicitud de esta petición se remonta a enero de 2006; sin embargo, en aquella ocasión fue denegada por el Alcalde. El colegio comenzó entonces un litigo en el Juzgado Contencioso Administrativo nº13 de Madrid, alegando que el alcalde no era competente para conceder o no dicha bonificación. La sentencia dictaminó que el órgano competente para decidirlo es el Pleno (no el alcalde), por lo que se trajo al mismo, si bien en esta ocasión el Partido Popular se manifestó a favor de la concesión de dicha bonificación. Según explicó la concejal Silvia González, la bonificación está justificada por ser de interés municipal ya que, una vez que termine el contrato del suelo, el edificio pasará a ser municipal. Otro de sus argumentos fue que el colegio cubre la demanda educativa actual, con 950 alumnos matriculados. Según Miguel Mur, de AcTúa, “que una empresa tenga clientes no justifica su bonificación”, lo que fue secundado por Violeta Zayas, del PSOE: “Podría establecer un referente peligroso, ya que muchas empresas se podrían acoger a esta ordenanza”. Además, Mur añadió que con el dinero que se va a perdonar al colegio (293 mil euros) se podría financiar un año y medio del transporte escolar. Por su parte, Gonzalo Santamaría, coincidió con el resto de la oposición en pedir explicaciones al Equipo de Gobierno por su cambio de criterio.

Por otro lado, fue aprobada por unanimidad la concesión de una bonificación del 95% en el ICIO a la empresa encargada de la rehabilitación de la casa de la Parrilla del Pesca, un edificio catalogado en las normas subsidiarias.

Moción socialista contra el colegio San Ignacio
El grupo socialista presentó una moción contra el colegio San Ignacio de Loyola por la carta que han enviado a los padres acompañada de un formulario para solicitar la objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la Ciudadanía. En la moción solicitaron que “la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid proceda a la revisión y cancelación si procede del concierto educativo al colegio” por incitar a la desobediencia civil, lo que fue calificado de “moción retrógrada y fuera de sentido” por el portavoz popular, recibiendo los aplausos del profesores y padres del citado colegio que estaban entre el público. Siguió luego un debate en torno a la asignatura, en el que los distintos grupos pusieron de manifiesto lo enfrentado de sus posturas.

La moción no prosperó por los 8 votos en contra de los concejales populares, frente a los 4 favorables de PSOE y AcTúa, y la abstención de los 4 concejales de Vecinos por Torrelodones. Este último grupo justificó su abstención alegando que no conocían el contenido exacto de la carta ni la intención de la directora, si bien se mostraron a favor de promover un debate sobre Educación. (La carta se puede leer en la web: www.psoe.es/ambito
/torrelodones)

Se construirán 200 viviendas de protección
Otro de los acuerdos fue la adjudicación, mediante venta, de la parcela municipal 9.3 del Área Homogénea Sur, donde se construirán 204 viviendas protegidas. La empresa adjudicataria fue Acciona Aragonesa, que ahora dispone de un periodo de ejecución de la obra de 21 meses. Tanto los socialistas como Vecinos por Torrelodones mostraron su apoyo a la adjudicación, sólo Miguel Mur, de AcTúa, votó en contra, alegando que no estaba de acuerdo con el modelo propuesto, ya que al ser con opción a venta (y no en alquiler) se enajena suelo público. Según han informado desde el Ayuntamiento, 135 pisos de 70 metros cuadrados se destinarán a jóvenes menores de 35 años en la modalidad de alquiler con opción a compra (VPPA-OC). Otras 34 viviendas, de 80 metros , serán para mayores de 35 años en la misma modalidad y, por último, se prevén 35 viviendas protegidas más, VPPB, de 110 metros cuadrados, de las que tres serán específicas para familias numerosas.