El Tribunal Supremo ha dictaminado ahora en sentencia en firme sin posibilidad a recurrir, al recurso presentado en el 2012 por la constructora. Ha pesado el silencio administrativo que se ha considerado “positivo” al no haber rechazado el Ayuntamiento el “Estudio de Detalle”, y le obliga a conceder la licencia de primera ocupación. Sin embargo, la situación de estas viviendas sigue siendo de “ilegalidad urbanística”.
Revisado este punto en el apartado de control y fiscalización dentro del Pleno del pasado 25 de Septiembre, los partidos de la oposición acatan la sentencia pero manifiestan no estar de acuerdo.
El concejal del PSOE, Fernando Ontiveros, propuso en el Pleno tras haberse informado que “para proteger de daños a terceros que quieran adquirir estas viviendas, el Ayuntamiento debe de instar al Registro de la propiedad a que se anote marginalmente que estas viviendas están fuera de ordenación”. Además argumentó sobre dar una información clara porque estas viviendas nunca podrán realizar ningún tipo de mejora o ampliación, solo obras de mantenimiento por seguridad.