La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su Plan Forestal, denominado como Madrid Forestal con el primero de los aprovechamientos de madera planificados. Además, el Gobierno regional modificará la actual Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para reforzar la prevención de incendios. Un plan que se ha encontrado con el rechazo de los grupos ecologistas.
En esta primera actividad de aprovechamiento de madera se extraerá material de pino silvestre, por el que el Gobierno autonómico recibirá medio millón de euros, una cantidad que se invertirá en seguir mejorando los bosques, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
El consejero ha detallado que Madrid Forestal, novedoso plan anunciado por la presidenta regional en el pasado Debate del Estado de la Región, contará con una inversión de 160 millones de euros, con diez ejes de acción y 44 medidas, enfocadas “a una gestión activa de los bosques, reduciendo el riesgo de incendios, plagas o enfermedades y manteniendo la salud de la flora”.
En él se destaca la multiplicación por 20 del aprovechamiento maderero, un recurso que se utiliza en montes públicos y fincas particulares para mantener los bosques en buen estado estructural y sanitario. “Se trata de una actividad esencial para sostener las estructuras de defensa ante incendios ya que permite bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa. También hace la masa arbórea más adaptable a sequías o grandes lluvias, así como a plagas y enfermedades”, explica Novillo.
Gracias a esta iniciativa el Gobierno regional pasará de facilitar 18.504 metros cúbicos de madera, con unos ingresos de 510.045 euros en la pasada Legislatura, a poner en el mercado 357.333, que aportarán 4,1 millones a las arcas públicas hasta finales de 2026.
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico modificará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, una iniciativa “que persigue reforzar la cultura de la prevención frente a los incendios, mejorar los instrumentos de planificación, clarificar las obligaciones de propietarios y gestores de terrenos, y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante las emergencias”, señalan.
La nueva normativa incidirá “en la compatibilidad de la ganadería extensiva, como aliado fundamental en el cuidado del monte al actuar como un método natural y sostenible para la conservación del paisaje y la lucha contra el abandono rural”, señalan.
Críticas de los ecologistas
Desde Ecologistas en Acción, por su parte, han alertado “de los riesgos de impulsar un modelo de gestión forestal para la prevención de incendios basado en la explotación económica intensiva de los bosques”, y consideran que “el aumento de las masas forestales no es la culpable de los incendios forestales que sufren, sino la mano del ser humano. El 95 por ciento de los siniestros tienen su origen en la actividad humana, sólo menos del 5 por ciento tiene origen natural”, han señalado en un comunicado.
“El problema de los incendios forestales no reside en las masas forestales y en la mayor o menor explotación maderera de las mismas, sino en el urbanismo. Novillo no dice nada de los riesgos que suponen para los montes y su protección el avance de la frontera urbana. Las Leyes Ómnibus y, ahora, la Aceleradora Urbanística, no hace sino relajar la legislación urbanística y permitir mayor urbanización en las comarcas forestales de las Sierras y el Piedemonte de la región”, denuncian los ecologistas, que también apuntan a los vertidos ilegales.