El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por el PSOE de Galapagar tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento el pasado mes de marzo. La resolución determina que no se ha probado que pueda suponer un perjuicio para las cuentas públicas.
“El Tribunal de Cuentas ha tirado por tierra los burdos intentos del PSOE de desprestigiar la gestión del actual equipo de gobierno y deja claro que en política no todo vale y sus falsas denuncias tienen un recorrido muy corto”, ha asegurado la alcaldesa, Carla Greciano, tras conocer la resolución, que determina que los hechos denunciados “no constituyen la existencia de un alcance contable” y que “tampoco permiten afirmar la existencia de indicios de un perjuicio para los fondos públicos”.
Para Greciano, es “un claro uso de los Juzgados de manera partidista, lo que supone un desgaste de los recursos públicos y entorpece la labor de la justicia. Por lo que insta al Partido Socialista de Galapagar a dedicar su tiempo a realizar una oposición constructiva y que redunde en beneficio de los vecinos de Galapagar”.
Exigen explicaciones al PSOE
Greciano ha aprovechado para pedir a los socialistas explicaciones “por el millón de euros que ha costado a las arcas públicas (y por consiguiente al bolsillo de los ciudadanos) su ineficaz gestión y los despidos nulos que llevó a cabo en la anterior legislatura”.
Se refieren a casos como el de la jubilación “forzosa” de la secretaria municipal, un caso que se falló a favor de la trabajadora y por el que el Ayuntamiento tendrá que pagar “unos 200.000 euros”, denuncian, “sin olvidar los recargos de la Seguridad Social por las pensiones recibidas indebidamente que habrá que sumar a esta cifra”.
Otro caso es la destitución del anterior jefe de Policía, al que la Justicia ha dado también la razón. “El Ayuntamiento ha tenido que restituirle en su puesto y pagar todos los salarios atrasados, lo que supone que el bolsillo de los galapagueños ha hecho frente a los cerca de 600.000 de euros que establece la sentencia, teniendo incluso que pagar durante varios meses simultáneamente a dos jefes de policía, hasta que la solución se ha resuelto con la baja voluntaria del propio comisario”, denuncian.