Por ello solicitaban la colocación de un reductor de velocidad en la calzada. El concejal de seguridad del equipo de gobierno denegó esta actuación por el elevado coste de la elevación o el ruido si el reductor fuera prefabricado, sin embargo propuso la actuación del radar móvil-cedido por la DGT-para sancionar el exceso de velocidad.
Para AcTÚa la seguridad es prioritaria a los criterios económicos y siendo constatado por la policía local que la zona próxima a un parque infantil requiere de señalización pertinente se ha iniciado una campaña de recogida de firmas, además señalan que al hallarse maquinaria de obras actuando en el municipio se facilitaría el coste para la implementación de la sobreelevación de la calzada.
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