La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que se revise de forma urgente y exhaustiva del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), que gestiona el Ministerio del Interior y al que están adheridos muchos municipios madrileños, entre ellos Collado Villalba, Moralzarzal o Las Rozas, así como otros de la Sierra de Guadarrama.
La solicitud fue debatida en la reciente reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien estuvo acompañado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Durante el encuentro, García Martín destacó que “de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región, cuatro estaban registradas en VioGén con una valoración baja”. Además, destacan desde el Gobierno regional, solo 132 de los 12.851 casos activos —aproximadamente el 1 por ciento— están clasificados con un riesgo alto o extremo. En estos dos niveles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implementan vigilancia continua o frecuente y aleatoria.
Deficiencias en el sistema actual
Por su parte, Ana Dávila subrayó la necesidad de analizar a fondo los cuestionarios utilizados para la evaluación del riesgo y los algoritmos aplicados, ya que estos aún no han sido actualizados. También alertó sobre la escasez de efectivos policiales, señalando que actualmente hay un promedio de un agente por cada 100 expedientes destinados a atender a las víctimas.
Por otro lado, se ha advertido de que el año pasado se identificaron 40 posibles fallos en las pulseras antimaltrato. Desde entonces, el Observatorio ha enviado cinco solicitudes para reemplazar estos dispositivos y ha alertado sobre el colapso en los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer. Estas peticiones se han dirigido a los ministerios del Interior y de Igualdad, así como al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debido a las serias deficiencias encontradas. Hasta ahora, cuatro de estas solicitudes siguen sin respuesta.
Acciones legales y obstáculos
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha intervenido hasta ahora en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, recientemente el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que busca impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
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¿Qué ha solicitado la Comunidad de Madrid al Gobierno central?
La Comunidad de Madrid ha solicitado una revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior.
¿Cuáles son las preocupaciones expresadas por el consejero García Martín?
El consejero García Martín ha señalado que, de las ocho asesinadas en el último año en la región, cuatro figuraban en VioGén con una valoración baja. Además, solo el 1% de los casos activos están clasificados con riesgo alto o extremo.
¿Qué problemas se han identificado con el sistema VioGén?
Se han identificado fallos en las pulseras antimaltrato y se ha alertado sobre el colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer. También se mencionó la falta de actualización de los cuestionarios y algoritmos utilizados en el sistema.
¿Cuál es la situación respecto a la acción popular en casos de violencia de género?
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres asesinadas, pero el Gobierno central ha presentado un recurso para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en la Constitución Española.
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