El Consejo de Ministros aprobó el martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil de seis municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto, entre los que están Tres Cantos, Colmenar Viejo y Zarzalejo.
Pero el Gobierno regional entiende que hay más localidades afectadas, entre ellas El Escorial, Valdemorillo o Madrid, ya que consideran que las evaluaciones iniciales “demuestran el perjuicio grave y la perturbación de las condiciones de vida de la población afectada”, explicaba en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Personación en causas judiciales
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado que la Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales que se inicien para esclarecer las causas de los incendios forestales de este verano. Lo ha anunciado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha explicado el Ejecutivo regional puede ejercitar esta acción en virtud de la Ley autonómica de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, aprobada en 2023.
Desde la creación de esa Ley, la Administración madrileña ha acudido a los tribunales en cuatro ocasiones, por la comisión de presuntos delitos de daños derivados de este tipo de siniestros en varios municipios.
En la primera de ellas, en marzo de 2023, se reclamó el reintegro de los gastos por la extinción del incendio forestal de Aranjuez en agosto de 2021. Lo mismo que en los ocurridos en los meses de verano del año pasado en Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Zarzalejo, El Molar y Pedrezuela,
Además, la Comunidad de Madrid se ha personado en la causa por el fuego que afectó a la localidad castellonense de Villanueva de Vivar, en marzo de 2023, donde se produjo la intervención del Cuerpo de Bomberos autonómico, y que ocasionó un coste a las arcas públicas madrileñas de más de 75.000 euros.
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