La decisión de la Junta de Castilla y León se conoció este lunes por la tarde tras una reunión del presidente castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Mañueco explicó durante su intervención que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León “es la competente para declarar el cierre” y que desde su Gobierno consideran que no hay “razones políticas ni jurídicas” para proceder al cierre de la Estación, que, considera, supone un ataque del Gobierno central “al futuro económico de Navacerrada y de todo su entorno”.
Así, dijo el presidente de la Junta de Castilla y León, la concesionaria “va a seguir prestando su actividad. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad, es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas”.
Es más, Mañueco aseguró que estas actividades “se comprometen con el mundo rural, con el asentamiento de la población y con la actividad económica” en una zona “privilegiada” que une las dos comunidades.
Por su parte, desde el Gobierno regional han asegurado que se trata de una “muy buena noticia” para el Puerto de Navacerrada. “El Gobierno regional lleva meses denunciando la medida del cierre de las pistas por injusta y por no haber sido consultada ni con municipios ni comunidades afectadas. Para este Ejecutivo, no existían argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran dicha decisión”.
Además, han recordado que “se estima que el fin de actividad de estas pistas afecte a entre 300 y 500 empleos directos, más los indirectos, especialmente de Cercedilla y Navacerrada, pero también de otros municipios como Los Molinos, Becerril de la Sierra, Mataelpino, El Boalo, Collado Mediano o Cerceda, entre otros, en lo que se refiere a servicios de alojamiento y restauración, escuelas de esquí y tiendas especializadas de material deportivo de invierno”.
Contencioso administrativo
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha anunciado que la Abogacía del Estado ha autorizado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Castilla y León por la “ocupación ilegal” de los terrenos del Puerto de Navacerrada y ha acusado al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de “confundir deliberadamente el esquema de reparto de competencias”.
Desde el Ministerio han señalado que la Junta de Castilla y León “es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública Pinar de Valsaín”, tras caducar la concesión el pasado 3 de abril de 2021.
“Lo que en ningún caso compete a la Junta es decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)”, ha avisado el Ministerio, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo castellano leonés de “dejación de competencias”, por la que el OAPN ya le envió en octubre un requerimiento “para que actuara y resolviera las solicitudes presentadas para declarar la extinción del título administrativo de la concesión de las instalaciones de esquí en dichos terrenos”. Un requerimiento que, explican, fue rechazado expresamente.
En ese contencioso, informan, se solicitan medidas cautelares “que impidan la realización de actividades de esquí y el uso de las instalaciones hasta la resolución del recurso” pues continuar con las actividades de esquí, a su juicio, supondría “irregularidad”, teniendo en cuenta además que la concesionaria anuncia a la apertura de las instalaciones para el 1 de diciembre.
Apoyo de las organizaciones ecologistas al cierre
Ante este conflicto, diferentes organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han lamentado que las dos administraciones regionales hayan convertido el asunto en un “conflicto político” y que el Gobierno tenga que recurrir a la Justicia para “defender” este espacio natural.
“La estación de esquí de Navacerrada ha llegado a su fin, no se dan las condiciones naturales para que continúe abierta. La elevación de la temperatura media y la reducción de precipitaciones y del espesor de nieve de los últimos años la hacen inviable”, explican las organizaciones.
“Por otra parte, el derecho de ocupación de los terrenos pertenecientes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha caducado y no puede prorrogarse”, señalan. Estas organizaciones consideran que en este contexto se deben desmantelar las instalaciones, restaurar el espacio e incorporar al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
“El impacto del complejo deportivo en el territorio es indudable: aglomeración de tráfico, instalaciones obsoletas, cables de acero abandonados, amontonamientos de basura en todo su entorno, alteración de la geomorfología para generar pendientes, eliminación de vegetación, erosión, retracción del caudal del arroyo del Telégrafo para alimentar los cañones de nieve artificial... Esta situación debe revertirse y encaminar los usos en la zona hacia actividades sostenibles y compatibles con la conservación de los valores del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”, aseguran.
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