El PRUG del Parque Nacional se aprobó el 11 de febrero de 2020, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ecologistas en Acción lo recurrió el pasado mes de julio, tras la finalización del estado de alarma sanitario por considerar que supone un retroceso en su nivel de protección al permitir actividades incompatibles con su conservación. Ahora, mediante decreto del pasado mes de septiembre, la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la denuncia.
El PRUG, explican desde Ecologistas en Acción, es el reglamento que regula las actividades y usos que se desarrollan en el Parque Nacional. Aprobar este documento es una obligación establecida en la ley del declaración del espacio protegido. “Su finalidad es evitar que la proliferación de actividades y usos antrópicos produzcan deterioros irreversibles. Por ello, lo natural es que el PRUG sea una herramienta para ayudar a la conservación”, indican.
“Sin embargo, el PRUG aprobado por la Comunidad de Madrid permite o favorece la realización de actividades incompatibles como: la celebración de competiciones deportivas multitudinarias; nuevas edificaciones o infraestructuras no ligadas a la gestión; actividad cinegética; uso hostelero en el Parque Naciona, únicamente existente, actualmente, en algunos refugios tradicionales; cambio de uso de refugios de montaña, lo que posibilitará su reconversión hostelera; maniobras militares; actividad micológica en zonas de uso restringido; pernocta al aire libre”, denuncian, “que favorecen la masificación del espacio protegido”.
Ecologistas en Acción y GRAMA intentaron que la Consejería de Medio Ambiente rectificara el texto mediante la presentación de alegaciones, pero la mayoría han sido desestimadas. “Teniendo en cuenta que el PRUG no cumple su función de herramienta de conservación y se ha convertido en un documento para amparar actividades económicas y usos no compatibles con los objetivos del espacio protegido, se ha tomado la decisión de recurrir este reglamento”, indican. “Ahora, la Comunidad de Madrid debe remitir al TSJM el expediente completo para que se inicie el procedimiento en el que se valore si el PRUG se ajusta a derecho o, por el contrario debe ser anulado”, concluyen.
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