La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, que además preside la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha participado esta semana en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en la sede del Ministerio de Igualdad y presidida por la ministra Ana Redondo García.
En el encuentro, al que asistieron también representantes de las consejerías de Servicios Sociales e Igualdad de todas las comunidades autónomas, se analizaron distintas líneas de actuación relacionadas con las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, así como los mecanismos de cooperación entre administraciones públicas para impulsar programas dirigidos a las familias y mejorar los servicios de proximidad.
En su intervención, la alcaldesa de Collado Villalba trasladó a la Comisión la preocupación de los ayuntamientos españoles por la reducción de la financiación estatal del Plan Corresponsables 2025, una herramienta destinada a favorecer la conciliación familiar y laboral y promover la igualdad de oportunidades.
El recorte aprobado por el Consejo de Ministros, de casi 5,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior, supone una disminución significativa de recursos para los municipios de la Comunidad de Madrid, a pesar de haberse incrementado el número de ayuntamientos adheridos al programa.
Vargas defendió en su discurso “la importancia de reforzar la coordinación institucional entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las entidades locales para impulsar medidas eficaces y cercanas a las necesidades reales de los ciudadanos” y destacó el papel de los ayuntamientos “como administración más cercana a los vecinos y fundamental para desarrollar políticas sociales e iniciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar y laboral”.
Asimismo, aprovechó para reclamar una mayor previsión en la asignación de fondos, con convocatorias más tempranas y criterios claros para los proyectos municipales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los programas y evitar incertidumbre en la gestión económica de los ayuntamientos.