El Partido Comunista de España ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra por “incumplimiento sistemático" de la Ley de Memoria Democrática, al no retirar la denominación de la ‘Avenida de José Antonio’, que recuerda al fundador de la Falange.
El Partido Comunista de España (PCE) ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra. Una acción impulsada por el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama, que el pasado mes de febrero ya denunció públicamente la "anomalía democrática" que supone que la localidad mantenga el nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, en un espacio público de la localidad, la Avenida José Antonio.
"Esta nomenclatura no es un hecho anecdótico ni un nombre neutro. Es la permanencia de una figura que simboliza la negación de la democracia y la persecución de la clase trabajadora”, destacan, al tiempo que subrayan que mantener este homenaje “es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y una vulneración flagrante de los valores constitucionales”.
En el escrito se argumenta que el mantenimiento de la Avenida de José Antonio no es fruto de un olvido, sino de una "voluntad política expresa de desobediencia". La denuncia recuerda que ya en 2016 se acreditó que el nombre original de la vía era "calle La Era", desmontando cualquier argumento sobre una supuesta "tradición" apolítica.
El Partido Comunista de Madrid sostiene que el Ayuntamiento de Becerril incumple el Artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a la retirada de oficio de elementos que exalten la sublevación militar.
"La democracia se construye en lo cotidiano; no es posible educar en derechos humanos mientras nuestras calles siguen celebrando el fascismo", señalan.
La denuncia advierte que esta inacción está tipificada como una infracción grave, con multas de hasta 10.000 euros. También aseguran que podría ser constitutivo de una posible prevaricación administrativa “al omitir una obligación legal clara e imperativa”, e instan a la Fiscalía a que requiera al alcalde la retirada inmediata de la placa.
Proponen que el nuevo nombre rinda homenaje a quienes lucharon por las libertades y que pase a denominarse ‘Avenida Abogados de Atocha’, coincidiendo con el 50º aniversario de su asesinato.
"Retirar este nombre no es borrar la historia, es hacer justicia", concluyen.