La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años y seis meses de cárcel al ex alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, del PP, por los delitos de fraude a la Administración Pública, prevaricación y cohecho en relación a la contratación de servicios de eficiencia energética con la empresa Cofely durante su mandato. También se le condena a cinco años de inhabilitación, deberá devolver lo cobrado indebidamente y pagar una multa. Además, los ex concejales del PP Francisco Pintado y Alberto Sánchez, han sido condenados a siete años de inhabilitación y al pago de costas como y el empresario Víctor Ortega, a un año y 11 meses de prisión y al pago de una multa.
Se da a conocer así, más de diez años después, la sentencia de la pieza del caso Púnica que investigaba la adjudicación de contratos públicos a la empresa energética Cofely a cambio del pago de sobornos a alcales y funcionarios en varios Ayuntamientos.
La pena más alta, 8 años y dos meses de cárcel, es para David Marjaliza, asesor comercial a quien se le considera culpable de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, con el atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño, así como por haber confesado. También se imponen seis años al entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice y a los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García.
Además de la condena al ex alcalde de Collado Villalba, a la misma pena de cuatro años y medio ha sido condenado el ex alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada y se han impuesto penas de dos años para el exalcalde de Parla, José María Fraile, y tres años de prisión para los ex alcaldes de Móstoles, Daniel Ortiz, y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez.
Según la sentencia, los acusados de Cofely y David Marjaliza actuaron a través de su grupo de sociedades instrumentales y testaferros como una organización criminal que tuvo una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en los ayuntamientos con el objetivo de obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en esos consistorios, participando en varios concursos a la vez en los que ofrecía o aceptaba acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.
Reacciones en el PP de Collado Villalba
Tras conocerse la sentencia, el Gobierno municipal de Collado Villalba, del PP, y en el que aún se encuentran varios ediles que formaban parte entonces del Ejecutivo de Juárez, entre ellos la propia alcaldesa, Mariola Vargas, ha emitido un comunicado en el que muestra su respeto a las resoluciones judiciales y destaca que la sentencia es una condena a “responsabilidades personales” de los implicados.
“Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Collado Villalba se personó como acusación particular en 2014, en un acuerdo aprobado por unanimidad de la Corporación municipal, con el objetivo de defender los intereses de los vecinos del municipio y colaborar activamente con la Justicia, una decisión que demuestra el compromiso inequívoco del Consistorio con la legalidad, la transparencia y la defensa del interés general”, señalan en el comunicado.
Han sido, aseguran, “diez años muy duros para Collado Villalba, una etapa larga y compleja que ha supuesto un profundo desgaste para la vida institucional del municipio y, sobre todo, para sus vecinos (…) marcada por la incertidumbre, la espera y la carga que conlleva un proceso judicial prolongado, que ha afectado a la imagen y al normal funcionamiento del Ayuntamiento, y que hace aún más necesario reivindicar hoy la importancia de la responsabilidad, la legalidad y el respeto a la Justicia”.
Además, toman distancia del ex regidor popular. “La sentencia deja claro que las responsabilidades son personales y que quienes cometieron irregularidades deberán responder y pagar por las tropelías cometidas, con independencia de cualquier sigla política” y afirman que el actual ejecutivo “ha mantenido siempre una posición firme y clara: estar del lado de la ley, de la Justicia y de los vecinos, respetando las resoluciones judiciales y actuando con responsabilidad institucional”, concluyen.
Desde la oposición
Por su parte, desde el PSOE de Collado Villalba han calificado de “grave” la sentencia, al tiempo que han mostrado su “repudio a toda clase de corrupción, pero muy especialmente a aquella que atraviesa de lleno a nuestra ciudad”. Además, han exigido explicaciones a Mariola Vargas “sobre su relación y vínculos con el corrupto”, recordando que la regidora era “número dos” de Juárez en el momento en que se cometieron los delitos de corrupción; además de a otros dos concejales actuales del equipo de Gobierno, Adan Martínez y Lourdes Cuesta, que también formaron parte de su Ejecutivo.
“Esta sentencia es muy grave: quedan probados los delitos de fraude, cohecho y prevaricación de concejales del Partido Popular en Collado Villalba; se trata del mayor caso de corrupción que ha afectado a Collado Villalba y todavía no hemos oído ni una sola vez pedir perdón a los villalbinos por parte de un Partido Popular que sigue siendo exactamente el mismo que dejó el corrupto Agustín Juárez: quien ha sido mano derecha de un condenado por corrupción por robar dinero de nuestros bolsillos, no puede seguir haciendo como si no pasara nada”, señalan, en referencia al comunicado del Ejecutivo dado a conocer tras la publicación de la sentencia.