Varias comunidades de vecinos del entorno de Las Matas, en el tramo de la A-6 entre los kilómetros 24 y 27, han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ministerio de Transportes que se acometan cuanto antes obras de protección acústica contra los niveles de ruido que sufren a diario.
Explican que, tras la ampliación de la A-6 en 2001 y el incremento continuado del tráfico a lo largo de los años, “los niveles de ruido en la zona superan los límites que marca la normativa vigente (de unos 55-60 dB)”, algo que se puede comprobar en los Mapas Estratégicos del Ruido del Ministerio. A pesar de ello “no existe ningún proyecto redactado ni priorizado que garantice medidas de protección para las viviendas y equipamientos afectados, por lo que cualquier actuación podría demorarse varios años”.
“Llevamos años escuchando la carretera día y noche. El ruido afecta al descanso, al estudio de los niños y al bienestar de las personas mayores. No pedimos un lujo: pedimos cumplir la ley y proteger nuestra salud”, afirma uno de los portavoces de la iniciativa, que ven que en otros tramos de la A-6 cercanos, en localidades como Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba, Alpedrete o Guadarrama, ya se han aprobado proyectos de protección acústica.
“Pedimos el mismo trato: si hay inversión pública en zonas próximas, nuestra localidad también debe recibirla”, subrayan, dado que en la actualidad no hay ningún proyecto de reducción acústica aprobado para la A-6 a su paso por el municipio de Las Rozas.
La organización vecinal pide apoyo ciudadano para visibilizar la demanda y acelerar una respuesta institucional a través de una firma en la petición pública: www.change.org/ruidolasmatas. También se puede visitar la web www.ruidolasmatas.es.
Además de la recogida de firmas, van a solicitar al Ayuntamiento de Las Rozas que se implique activamente como interlocutor institucional, coordinando con el Ministerio la inclusión urgente del tramo en el calendario de inversiones y defendiendo los intereses de los vecinos para garantizar medidas de protección eficaces para viviendas, centros educativos, residencias de mayores y otros servicios públicos afectados.