Pleno municipal

El pleno del 28 de septiembre aprobó las Ordenan-zas fiscales gracias al voto favorable de los nueve concejales del PP, con la oposición de los ocho restantes (Vecinos por Torrelodones, PSOE y AcTúa). La actualización de estas ordenanzas, las tasas y precios públicos, que no se revisaban desde el año 2005, supuso en la mayoría de los casos un incremento de las cantidades a abonar por los conceptos de tasa y precio público, derivado de la aplicación del IPC y de la equiparación a los precios actuales de mercado.
El Equipo de Gobierno también ha mantenido su propuesta de congelar los impuestos municipales, que no experimentan subida alguna. Así, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) mantiene el tipo aplicable del 0,46 por ciento; “el más bajo de todos los municipios del entorno”, según la Concejala de Hacienda, Silvia González. Asimismo, se aprobaron bonificaciones en el pago de este impuesto para 2008, que llega hasta un 60 por ciento en el caso de las familias numerosas, cuyos miembros podrán además beneficiarse de descuentos en los precios públicos. El concejal de AcTúa, Miguel Mur, manifestó su desacuerdo en muchos puntos, como el de no cobrar tasas por cajeros o máquinas expendedoras, o el precio excesivo comparativamente de las actividades extraescolares, añadiendo: “Segui-rán diciendo que bajan los impuestos, a pesar de la evidencia de que la gente va a pagar más”.
El grupo socialista, presentó dos enmiendas para que el alquiler de las instalaciones deportivas fueran más asequibles, que no contaron con la aprobación del grupo popular. Jesús Bartolomé fue el encargado de explicar el punto de vista de Vecinos, argumentando que algunas de las subidas de tasas son desproporcionadas, como la subida de la publicidad exterior en los carteles, la de recogida de basuras (que sube casi un 16 por ciento) o la de los vigilantes de los exámenes de Cambridge (que sube un 40 por ciento). La edil de Hacienda, así como el portavoz del grupo popular, Fernando González, se manifestaron abiertos a estudiar las sugerencias relativas a las tasas de los distintos grupos, y Silvia González defendió que “el ingreso debe ir aproximándose al coste efectivo de la prestación del servicio, ya que de otra forma, a largo plazo, el mantenimiento de la prestación se haría insostenible” y recordó que en los dos últimos años “tasas y precios públicos no han evolucionado siquiera con arreglo al IPC”.
Tanto AcTúa como Vecinos hablaron en contra de la potestad que se le concede al Alcalde de condonar las sanciones, que calificaron de “poco democrático”, ante lo que el propio Alcalde intervino para apuntar que nunca había hecho uso de esa potestad.

Dos millones de euros de “reconocimiento extrajudicial de crédito”
Otro punto polémico del orden del día fue el reconocimiento extrajudicial de casi dos millones de euros que, según explicó la Concejala de Hacienda, corresponden a partidas que vienen de años atrás, así como a la voluntad de “empezar desde cero” antes de la puesta en marcha de los nuevos presupuestos. El punto, que fue aprobado por los votos del PP y en contra del resto, fue calificado por los grupos de la oposición de “bochornoso”, “sucesión de despropósitos” y “resultado de su mala gestión”. Los principales apartados a los que este dinero estará dedicado son gastos extras en las fiestas patronales (que superan los 68.000 euros); cánones por los vertidos irregulares al río Guadarrama (más de 400.000 euros); pagos jurídicos por la demanda de miembros del grupo popular en el anterior ejercicio (17.000 euros), así como facturas de urbanismo (obras de la Escuela Infantil), servicios, etc. El tema de las fiestas, que coincidieron en reprochar todos los grupos de oposición, desembocó en una moción de urgencia presentada por los socialistas en la que solicitaron la reprobación de la Concejala de Festejos, Begoña Chinchilla, a quien acusaron de gestión irregular, que sin embargo no salió adelante por los votos en contra del PP y la abstención de Vecinos.

Avanza el aparcamiento
subterráneo
Se aprobó la puesta en marcha de la expropiación de los terrenos propiedad de Tresni S.A y Agora Naos S.L, para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Calle Real. Ante los argumentos contrarios al aparcamiento de los grupos de oposición, el portavoz popular, Fernando González, manifestó que, al ser un proyecto incluido en su programa y, por tanto, refrendado en las urnas, se llevará adelante.

La oposición acusa al Gobierno de “intereses partidistas”
Otra discrepancia fue la creación de una nueva plaza de suboficial de la Policía, así como del puesto de “inspector auxiliar y responsable de Agenda 21”, un cargo de confianza, que recaerá sobre el ex concejal de urbanismo, Julián Nieto. Éste retomó su antigua plaza de funcionario del Ayun-tamiento y, ahora además se hará cargo de Agenda 21, con un plus en su sueldo. El Conce-jal de Seguridad, José Mª Nei-ra, ante la necesidad urgente de potenciar la seguridad ciudadana, aseguró que una persona ocupará provisionalmente el puesto de suboficial, en tanto sale la plaza a concurso oposición, y que éste posee amplia experiencia en lugares conflictivos, a pesar de lo cual los socialistas denunciaron que la plaza ya tenía nombre.
En cuanto a la vacante de inspector auxiliar, los socialistas aseguraron que está recurrida por el colegio de aparejadores por las irregularidades en su concesión. Vecinos y AcTúa dudaron de la idoneidad de la persona escogida, por carecer de la formación y experiencia requeridas y que, según afirmó Miguel Mur, “lleva desarrollando la función de responsable de la Agenda 21 durante muchos años con resultados caóticos y negativos”. Asimismo, Elena Biurrum, portavoz de Vecinos, argumentó la falta de justificación de una subida de sueldo, que casi duplica el anterior. Ante estas acusaciones, el portavoz popular, Fernando González, aclaró: “El Equipo de Gobierno es del PP; está refrendado por las urnas, por lo que gobierna y pone el equipo que le parece más conveniente”, añadiendo que es potestad del Alcalde otorgar la productividad que considere necesaria en cada caso.
También se trató en “asuntos de urgencia” el recurso de reposición presentado por Mª Car-men Calvo Calvo ante el nombramiento del Juez de Paz, puesto para el que acudió en el plazo establecido como única candidata y cuyo procedimiento de elección, según la demandante, fue irregular y contra ella, pero el PP desestimó el recurso.