El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Plan Rector que regula la gestión y los usos públicos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que concreta la hoja de ruta que determinará el futuro de este espacio natural, y que regulará la práctica en este entorno de actividades deportivas como el ciclismo, la escalada, el vuelo sin motor o los deportes de invierno para que puedan realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.
Así se establecen los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del parque y se recoge la relación de actividades de uso público que se pueden desarrollar de acuerdo con los objetivos de conservación de este enclave.
También se incluyen las medidas para proteger y conservar sus valores naturales y culturales, que engloban las actividades de desarrollo socioeconómico, de investigación, así como las relacionadas con la educación ambiental. Además, se recogen los criterios de colaboración con otras administraciones e instituciones, así como los indicadores para la evaluación del estado de conservación del parque.
Este Plan, explican desde el Gobierno regional, es fruto de un amplio proceso de participación social llevado a cabo en los últimos cinco años por técnicos de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, así como del Organismo de Parques Nacionales (OAPN). Este proyecto dotará a este espacio natural de un reglamento que garantice la conservación de los ecosistemas y especies, regulando actividades compatibles con su protección. El texto ha recibido aportaciones diversas desde el año 2015 y 900 alegaciones que se han estudiado y valorado este año sobre temáticas como el deporte, la caza, la escalada, la ganadería, los derechos de propiedad o el turismo.
El parque cuenta ya con numerosas medidas de protección y propugna una utilización equilibrada, pero este Plan pretende ordenar el uso adecuado de las actividades deportivas y recreativas, encontrando a su vez un punto intermedio entre la conservación de la naturaleza y las demandas de uso público.